Álvarez hizo estas declaraciones durante un encuentro informativo convocado para repasar la actualidad con motivo del inicio del año 2026, que se desarrolló un día después de que el Ministerio de Trabajo propusiera a los sindicatos y a la patronal elevar el SMI un 3,1%, la cifra del comité de expertos sugerida para que este indicador se sitúe en el 60% del salario medio en España. No obstante, cabe recordar que esta subida era si se mantenía exento de IRPF pues, si comenzaba a tributar, la revalorización debería ser del 4,7%.

Tanto Trabajo como Hacienda ya se han mostrado dispuestos a que el SMI siga un año más libre de IRPF, para lo que, a falta de la medida concreta que exponga Hacienda, se volverá a aplicar una bonificación al tramo de la subida del SMI, como ya se hizo en 2025.

En este punto, el líder de UGT dejó claro que esta cuestión no será un “impedimento” para firmar un acuerdo para incrementar el SMI, pero sí lamentó que se siga echando mano de un “parche”, ya que lo que se debería hacer es “retocar” el tramo inmediatamente posterior al umbral del SMI, para que el tipo marginal que tengan que pagar esos trabajadores no sea tan elevado. “El año pasado se parcheó el aumento del salario mínimo en relación con la fiscalidad, con ese acuerdo de última hora en el que no tuvimos la oportunidad de participar”, se quejó Álvarez.

En cuanto a la cifra de revalorización, el secretario general de UGT comentó que “no hay que inventar un nuevo salario medio ad hoc” para elevar el SMI, porque ya existe con datos de Eurostat o la Agencia Tributaria. Además, discrepó del Gobierno con que el 60% del salario neto se calcule solo con lo que perciben los trabajadores, descontadas ya las deducciones, ya que no es lo mismo que alguien no tenga hijos que si tiene dos.

Por otra parte, volvió a pedir que se apruebe la reforma del SMI y que la negociación no sea “el día de la marmota”, a fin de que se dejen de absorber algunos pluses de las nóminas de los empleados cuando se ven afectados por las subidas del SMI. “Es una cuestión de justicia”, apostilló el máximo responsable de UGT, quien también se mostró a favor de atender una de las principales reivindicaciones de la CEOE sobre la modificación de la Ley de desindexación de la economía, aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

La misma establece que los contratos públicos no se ven modificados cuando las empresas tienen que asumir incrementos del salario mínimo que decreta el Gobierno. Para Álvarez, este tema es fundamental y ya lo ponían sobre la mesa antes incluso que la patronal, porque también atañe a los sindicatos.

“Es evidente que un país que tiene un sector público transferido a la empresa privada en las dimensiones que tiene España, no contemplar los aumentos de salarios, el aumento del coste de la vida, es una barbaridad”, denunció Álvarez. Y es que, en su opinión, esto hace que haya empresas que no puedan ni cumplir con los convenios colectivos si se firman acuerdos estáticos a cuatro años con las administraciones.

Explicó que el cambio legal se puede hacer “de golpe” o paulatinamente, comenzando por que se pueda repercutir la subida del SMI y después otros salarios algo mayores. Con todo, dado que este asunto lo volvió a situar este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el líder de UGT dijo que debe ser él quien clarifique su propuesta, pues para ellos (los sindicatos) fue “una sorpresa”.

Al hilo, previno de que si este es un tema que es “moneda de cambio” para atraer a la CEOE a un acuerdo para subir el SMI será adecuado pero no suscribirá UGT un pacto por encima de un alza del 3,1%, que es la parte baja de del informe de los expertos. “Es una línea roja”, sentenció.