Fontecha compareció hoy en el Congreso, en la ponencia creada para analizar la cuestión de la prostitución.

El sindicato considera que plantear su regulación como un trabajo supone plantear el incumplimiento de la normativa internacional, e ignorar las experiencias de otros países que, según UGT, demuestran que las prostitutas no mejoran su situación, pero sí los que hacen negocio a costa de ellas.

Según informó el sindicato, son "los que se benefician de este negocio" quienes están suscitando un "falso debate" que trata de equiparar la prostitución a un trabajo. Se trata, dice UGT, de los dueños de locales de alterne, que no plantean el reconocimiento de la prostitución como una relación laboral por cuenta ajena, sino tan sólo su reconocimiento como trabajo autónomo. De esta manera, no tienen que asumir responsabilidades empresariales, ni los costes de Seguridad Social propios de los empresarios con personal contratado por cuenta ajena.

Esto es, para el sindicato, contradictorio con el propio funcionamiento de estos negocios: la prostitución se ejerce en los locales de su titularidad, las condiciones del desempeño de la prostitución la deciden sus titulares y los límites de jornada y de horarios que se imponen a las prostitutas en los mismos son propios de relaciones laborales por cuenta ajena.

Además, si las prostitutas fueran consideradas como trabajadoras por cuenta propia o autónomas, les sería de aplicación la obligación fiscal general de facturar, de modo que los datos de los clientes deberían figurar en las facturas. Un hecho impensable para UGT, pues uno de los elementos que caracterizan a la prostitución es la garantía del anonimato de los clientes.

Según UGT, el 95% de las prostitutas, en nuestro país, no quieren serlo y el 90% son mujeres inmigrantes, en muchos casos en situación irregular.