Luján hizo estas declaraciones durante la presentación en rueda de prensa de un informe en el que el sindicato analiza la situación de los juzgados de lo social en España y en el que se pone de relieve que hay un total de 371 juzgados de instancia social. De ellos, un 25% tramitan los llamados procedimientos urgentes, despidos, y derechos fundamentales entre otros procedimientos en plazos que rondan el año.

Para UGT, es un período “difícil de asumir”, dado el “carácter urgente y que además se trata de la primera instancia pues, en la mayoría de los casos, las sentencias son susceptibles de ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia”.

En los llamados procedimientos ordinarios, más de 26% de los juzgados examinados tienen señalamientos superiores a los 18 meses. El sindicato destaca que Cataluña y, sobre todo, Andalucía, y en menor medida, pero también con retraso, Murcia.

El estudio cita especialmente el caso de Sevilla, donde un juzgado acumula ya retrasos de 54 meses. Por el contrario, pone como ejemplo de territorios en los que hay relativa agilidad a Navarra o la Comunidad de Madrid.

“No siempre se cumple la lógica relación entre tamaño y población y una mayor duración de los procedimientos. Mientras que una Comunidad muy extensa y con mucha población como Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor duración, otras de menor tamaño como Baleares o Murcia la siguen muy de cerca”, abunda el sindicato.

Este tipo de procedimientos son los que sirven para reclamar salarios impagados pero también prestaciones de seguridad social, pensiones y, recientemente ,el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“A la UGT le preocupa el bloqueo que se está produciendo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y que sin duda tiene consecuencias en el funcionamiento de la administración de justicia.

El actual Consejo lleva en funciones 1374 días, casi 4 años, y mientras tanto la parálisis se va adueñando de la jurisdicción social, esa que debe dirimir las controversias sociales y que debe interpretar la reciente reforma laboral”, avisa el informe.

Al hilo de esto, Fernando Luján explicó que en el Tribunal Supremo se van a producir próximamente dos jubilaciones: un magistrado y la presidenta de la Sala de lo Social. Por ello, incidió en que es urgente que se renueve el CGPJ para que estos cargos puedan sustituirse.

“Con la situación actual el Tribunal Supremo está empezando a tener retrasos de casi tres años”, ahondó Luján, quien advirtió de que en esta situación, “la unificación de doctrina sobre la reforma laboral ocurrirá a finales de esta década, lo que tiene unas consecuencias catastróficas” en los trabajadores y para la competitividad de las empresas.

Para acabar con esta situación, UGT reclama el “desbloqueo” del CGPJ, así como que el Ministerio de Justicia apruebe el proyecto de Ley de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, para mejorar el Servicio y reducir los tiempos de los procedimientos.

Además, solicita a las administraciones que aporten mayores recursos humanos y materiales, incrementando el número de juzgadores, de letrados y letradas de la administración de justicia y del resto de los cuerpos judiciales.

Plantea también ampliar la posibilidad de sentencias ‘in voice’ u orales. Igualmente, defiende medios de solución de conflictos extrajudiciales como forma de alcanzar una pronta solución a los conflictos evitando su excesiva judicialización.

“Las administraciones Públicas deberían de incentivar estos medios de solución a los conflictos ayudando a así a reducir el colapso que sufren los juzgados”, apuntala el informe.