Según el sindicato, el fijo discontinuo es el contrato dominante para las actividades estacionales o intermitentes que “más sufrían la excesiva temporalidad y rotación laboral”.

Así, UGT apuntó que las empresas “adelantan las contrataciones y estabilizan sus plantillas antes del comienzo de la temporada, reduciendo los vaivenes estacionales y aportando un extra de seguridad a las personas trabajadoras, que saben que su relación laboral con la empresa no terminará con el fin del verano”.

Con ese argumento, el sindicato subrayó que, aunque el número total de contratos registrados es inferior a los firmados en los años anteriores a la reforma laboral, se trata de “una buena noticia”, puesto que “refleja que se ha producido una sustancial mejora de la calidad del empleo generado, ganando peso la contratación indefinida y reduciéndose la temporalidad hasta mínimos históricos”.

“Unos datos que, sin duda, son muy buenos, pues confirman que la estabilidad laboral comienza a ser la norma del mercado de trabajo”, explicó UGT.

A pesar de ello, lamentó que, “debido sobre todo al difícil contexto económico”, estas condiciones laborales “no se acaben de trasladar a una mayor calidad de vida del conjunto de la clase trabajadora, pues aún hay miles de personas que sufren los estragos de la precariedad y la pobreza laboral”.

UGT apuntó que la última EPA señalaba que el 11,6% de las personas ocupadas se encuentran en riesgo de pobreza, siendo la elevada parcialidad, sobre todo aquélla de carácter involuntario, su principal causa.

Para el sindicato, esta situación es “muy preocupante”, pues se materializa en personas trabajadoras que “no pueden satisfacer sus necesidades vitales más básicas”. Así, subrayó que la crisis inflacionista “aún continúa presente” en productos como los alimentos, y el precio de los alquileres está “generando una verdadera emergencia habitacional en las grandes ciudades y las zonas turísticas”.

Como denunció UGT, esta realidad es “inaceptable”, porque “está obligando a personas trabajadoras a residir en campamentos durante la temporada por no poder acceder a una vivienda digna”, algo que es “contrario a los derechos humanos y que debe acabar cuanto antes”.