Así se expresaron los sindicatos en un comunicado conjunto tras la reunión mantenida este lunes con el Gobierno, CEOE y Cepyme para tratar el funcionamiento de las medidas actuales aprobadas en marzo y cuya vigencia finaliza el 30 de junio.

Valoraron positivamente el funcionamiento de las medidas actuales, aunque trasladaron su “preocupación” por la capacidad de abastecimiento de determinados combustibles estratégicos, como el gas o el queroseno, este último con un impacto especialmente relevante sobre el transporte aéreo y, por tanto, sobre sectores clave como el turismo.

Aunque las últimas noticias apuntan a una posible desescalada gradual del conflicto bélico, entienden que el contexto internacional seguirá marcado por una elevada incertidumbre durante los próximos meses, incluso en el supuesto de que la crisis pudiera encauzarse en las próximas semanas.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales consideran necesario mantener más allá del 30 de junio el paquete de medidas que ha demostrado ser eficaz, especialmente aquellas destinadas a proteger la renta de las personas trabajadoras y de los sectores más afectados por el incremento del precio de los combustibles y de la energía.

Así, reclamaron la aprobación de una ayuda de 300 euros, mediante transferencia directa o deducción fiscal en el IRPF, dirigida a las personas con ingresos inferiores al salario medio del país.

VIVIENDA

También solicitaron un paquete extraordinario de medidas para proteger el mercado de la vivienda y garantizar el acceso a la misma a los trabajadores, especialmente en las zonas más tensionadas por el turismo y la “especulación inmobiliaria”.

En este sentido, expresaron su inquietud por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en estos territorios, una situación que ya está comenzando a traducirse en problemas para cubrir puestos de trabajo de cara a la próxima temporada turística y que afecta igualmente al acceso y cobertura de plazas dentro de la propia función pública.

Al hilo, pidieron la limitación de los precios de los alquileres y la congelación de las actualizaciones de renta, en línea con las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán, cuya convalidación fue rechazada posteriormente por el Congreso de los Diputados.

SMI

Por otra parte, CCOO y UGT indicaron que el SMI debe mantener plenamente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Dado que la subida aprobada para 2026 fue del 3,1% y que la inflación se sitúa ya en el 3,2% según los datos conocidos del mes de abril, ven necesario estudiar la aplicación de la revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

El citado precepto establece expresamente que el Gobierno fijará el SMI teniendo en cuenta, entre otros factores, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, disponiendo además que “igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado”.

“En consecuencia, reclamamos la apertura inmediata de este debate, así como la aprobación urgente del real decreto que debe regular las nuevas reglas de compensación y absorción salarial, con el objetivo de evitar que las personas perceptoras del SMI continúen perdiendo capacidad adquisitiva como consecuencia de prácticas que neutralizan las subidas salariales aprobadas”, concluyeron los sindicatos.

En el encuentro, presidido por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo se comprometió a estudiar con los agentes sociales, en las próximas semanas, qué medidas mantener y adaptar. Estuvieron presentes también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y los ministros de Hacienda y Seguridad Social, Arcadi España y Elma Saiz, respectivamente. Del lado de los agentes sociales asistieron los líderes de CCOO (Unai Sordo), UGT (Pepe Álvarez), CEOE (Antonio Garamendi) y Cepyme (Ángela de Miguel).