Así se expresaron los sindicatos después de que el Gobierno publicara los datos del mercado de trabajo de mayo, que revelan una caída del paro en 36.323 personas en mayo y un aumento de la afiliación a la Seguridad Social de 231.975, hasta superar los 22,3 millones de cotizantes, nuevo récord histórico.

Pese a estas cifras, el secretario de Estudios y Discurso de CCOO, Javier Pacheco, cree que “es necesario crear empleo pero también lo es garantizar que ese empleo sea estable, seguro, con derechos y con salarios suficientes”.

En este sentido, se refirió a los problemas estructurales de precariedad que afectan a muchas personas trabajadoras, como la parcialidad involuntaria, los bajos salarios, la temporalidad injustificada, la elevada rotación laboral o la siniestralidad en el trabajo. “Estas situaciones afectan especialmente a jóvenes, mujeres, personas migrantes y sectores más expuestos a la estacionalidad”, agregó.

Por ello, aunque el 43% de los contratos firmados en mayo tuvieron carácter indefinido, avisó de que siguen existiendo “importantes brechas de género y desigualdades en las condiciones laborales”, ya que, actualmente las mujeres representan el 47,5% del total de afiliaciones, pero con modalidades de empleo más precarias y parcializadas.

Gutiérrez manifestó que el objetivo debe seguir siendo avanzar hacia el pleno empleo y reducir el “elevado paro estructural” que sigue existiendo y pidió “reforzar las políticas que impulsen la mejora de los salarios, la reducción de la jornada, la estabilidad en el empleo y la protección de los derechos laborales”.

Igualmente, insistió en que “es fundamental continuar transformando el modelo productivo hacia actividades más diversificadas, innovadoras, sostenibles y con mayor valor añadido, capaces de generar empleo de calidad, estable y con derechos”.

Por su parte, UGT avisó en un comunicado de que las personas desempleadas de larga duración representan el 34,6% del total y reclamó constituir espacios específicos de Diálogo Social para abordar el paro de los mayores de 52 años y las dificultades de acceso al empleo de los jóvenes. Para ello, exigió reforzar las políticas activas de empleo con itinerarios personalizados y más recursos para los servicios públicos de empleo.

Finalmente, el sindicato urgió a acometer dos reformas pendientes. En primer lugar, una reforma del despido que adecúe la legislación española a la Carta Social Europea, reforzando el carácter reparador y disuasorio de las indemnizaciones. En segundo lugar, una reforma "en profundidad" del contrato a tiempo parcial para combatir la que considera "una de las principales bolsas de precariedad de nuestro mercado laboral", que afecta especialmente a las mujeres.