El sindicato considera que, con este acuerdo, suscrito por el Ejecutivo con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc y el Banco de España, “las entidades financieras vuelven a ganar, pues han visto incrementar sus beneficios por la subida del Euríbor y los tipos de interés de forma que no soluciona las dificultades de las familias más vulnerables y no reparte adecuadamente los beneficios –de más de 8000 millones por los tipos- que tiene la banca”.

Además, criticó que la medida adoptada no se corresponde con el esfuerzo solidario de la ciudadanía durante la crisis financiera del 2008, cuando el Estado tuvo que aportar 42.000 millones de euros para “rescatar” a la banca. “Se sigue produciendo una transferencia de las rentas de los ciudadanos a las entidades financieras”, denunció UGT.

Además, la organización sindical alertó de que con las medidas del Ejecutivo “no se aborda el problema”, sino que “solo se aplaza en el tiempo la duración de la hipoteca, con distintos plazos”.

UGT recordó que planteó al Gobierno incorporar nuevas medidas de protección del acceso a la vivienda para paliar el impacto del aumento de los precios y de los tipos de interés, como parte de un reforzamiento del escudo social.

En este sentido, propuso al Gobierno crear un fondo presupuestario estatal para ayudar a las personas y hogares que estén pagando una hipoteca y vayan a ver cómo su coste se eleva de manera extraordinaria y excesiva en su próxima renovación, una actuación necesaria para evitar un sobrecoste excesivo para muchas familias, inscrita en el marco general de apoyo a la vivienda pública y de alquiler, acompañada de la extensión de las medidas antidesahucios y de aplazamiento del pago del alquiler, al menos hasta que entre en vigor la Ley Estatal de Vivienda.

La propuesta de UGT beneficiaba a las personas con unos ingresos totales inferiores al salario medio en España y las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad social. Para acceder a dicho fondo, aquellas personas que cumplan uno de los requisitos expuestos deberían acreditar, a su vez, que el pago mensual de la hipoteca en vivienda habitual supere el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona o unidad de convivencia.

En cuanto a la cuantía, el fondo estatal cubriría por medio de una prestación mensual, el sobrecoste generado en caso de que el Euribor supere un valor de 1,5 puntos y tendría una duración máxima de 12 meses, con posibilidad de prórroga en caso de que persistan los requisitos fijados.

“El sindicato estimó que esta medida afectaría a cerca de 340.000 hipotecas para viviendas con lo que harían falta 650 millones de euros para absorber la totalidad del sobrecoste generado en las familias. Un dinero que podría recaudarse con el nuevo impuesto a las Grandes Entidades Financieras por sus incrementos extraordinarios, si bien el Gobierno ha rebajado el impuesto especial a la banca y a las eléctricas”, explicó UGT.