Desde el ataque militar estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración Trump ha aumentado sus presiones contra la República de Cuba. El pasado 29 de enero se firmaba una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en virtud de la cual el Gobierno de Estados Unidos puede imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

Según UGT, la orden incide en el “histórico embargo” económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960, considerado como un acto unilateral contrario al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y que ha llevado a la Asamblea General de la ONU en reiteradas ocasiones a exigir que se ponga fin a esta situación. A ello se suman ahora “medidas coercitivas” contra terceros países que quieran comerciar con un Estado independiente.

“Declarar la emergencia nacional argumentando que una isla de menos de diez millones de habitantes es una amenaza contra un país de casi 350 millones resulta tan increíble como irrisorio. Y el ejemplo de Venezuela, donde que los recursos naturales del país cayesen bajo control norteamericano ha sido la prioridad más destacada por Trump desde el primer momento, hace que las justificaciones sobre la 'liberación' de Cuba resulten igualmente grotescas”, apuntó UGT.

En su opinión, en un momento en el que la Administración “ultraconservadora de Trump rompe a voluntad con la legalidad internacional y el multilateralismo, las coerciones contra Cuba refuerzan la idea de que la soberanía nacional de cualquier país puede ser puesta en jaque con argumentos falaces que encubren intereses nada nobles”.

Así las cosas, UGT expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba y con su clase trabajadora afiliada al sindicato CTC, y exigió que, más allá de que pare de inmediato la condena en términos humanitarios a la que EEUU expone a la población, esta “nueva vuelta de tuerca del conservadurismo estadounidense a la soberanía de terceros Estados sea frenada por mecanismos democráticos y solidarios, coaligando una acción de países latinoamericanos, europeos y asiáticos que busquen una fórmula que permita suministrar energéticamente a Cuba evitando el colapso de la isla”.