Mientras que la FEMP asegura, en un comunicado, que este acuerdo (con vigencia hasta 1997) permitiría extender a casi 400.000 empleados públicos locales una subida salarial del 3,5 por ciento para 1995 y la creación de un fondo para el mantenimiento del oder adquisitivo de los funcionarios, la Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia que "el documento final del preacuerdo se ha desviado significativamente de su objetivo: adaptar las mejoras laborales conseguidas en el acuerdo firmado en septiembre pasado".

Respecto a las retribuciones, la propuesta de UGT era que, "partiendo de la previsión del incremento del IPC previsto en los Presupuesto Generales del Estado, las entidades locales pudieran negociar la subida salarial mediante la negociació colectiva".

En este sentido, la Federación de Servicios Públicos de UGT, asegura que en el texto firmado se limita la retribución al IPC previsto durante los tres próximos años de vigencia del preacuerdo, "cortando la posibilidad de negociación".

Otro de los puntos más controvertidos es la formacion de los funcionarios. La FEMP asegura que el acuerdo potencia la formación y promoción de los empleados públicos locales, mientras que UGT subraya que "el preacuerdo permite a las entidades locales noaportar fondos propios para la formación, dependiendo esta excusivamente del acuerdo nacional para la Formación Continua firmado por los sindicatos".