Según informó este viernes el sindicato, la demanda fue presentada el pasado lunes y sostiene que CCOO y Fetico no contaban con representación suficiente para otorgar eficacia general al convenio. De forma subsidiaria, en caso de que la Audiencia Nacional no anule el conjunto del acuerdo, el sindicato solicita dejar sin efecto una decena de disposiciones que considera contrarias a la legislación.

Entre los contenidos impugnados, UGT cuestiona la regulación de los contratos por circunstancias de la producción, la compensación de las horas extraordinarias, el descanso semanal en las tiendas con menos de siete trabajadores y el tratamiento de determinados complementos de antigüedad y promoción.

También rechaza la regulación del reingreso tras una excedencia voluntaria, el permiso de lactancia acumulado y la movilidad entre centros de trabajo situados a menos de 25 kilómetros.

En materia de desconexión digital, el sindicato critica que el convenio permita a las empresas enviar mensajes e instrucciones durante los periodos de descanso o vacaciones en determinados supuestos y que las exonere de responsabilidad ante lo que el texto denomina una conexión voluntaria del trabajador.

UGT impugna asimismo la asignación de ocho liberados a tiempo completo a los sindicatos firmantes para gestionar el convenio y determinadas funciones atribuidas a la comisión paritaria sectorial.

CONVENIO PARA 120.000 TRABAJADORES

El convenio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de julio y afecta a unos 120.000 trabajadores de grandes cadenas como Inditex, Mango, Tendam, H&M, Primark, Bimba y Lola o Uniqlo, entre otras.

El acuerdo fue alcanzado por ARTE, CCOO y Fetico después de tres años de negociación, mientras UGT y CIG se opusieron al texto. UGT ya criticó entonces que la creación de un marco estatal podía empeorar condiciones laborales reconocidas en algunos convenios territoriales.

Entre otras medidas, el convenio contempla una reducción progresiva de la jornada hasta las 1.740 horas anuales en 2028 y establece incrementos salariales del 3% para 2027 y 2028, además de una cláusula de revisión ligada al IPC de hasta un punto adicional.

También amplía las vacaciones a 31 días anuales, establece un número creciente de fines de semana libres y fija una jornada mínima de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, con determinadas excepciones.