Según manifestaron desde el sindicato, ya se había trasladado con anterioridad a la Secretaría de Estado de Migraciones su desacuerdo con la contratación de Tragsa y, sin embargo, el Gobierno asumió esta decisión de forma unilateral.

Ante el recientemente conocido dictamen del Consejo de Estado sobre la regularización, UGT exigió al Ejecutivo reconsiderar la decisión, reclamó que el proceso se encomiende exclusivamente a empleados públicos del Ministerio de Inclusión y de Política Territorial y defendió que solo así se garantizarán la seguridad jurídica y las garantías que “merece” la ciudadanía.

Además, UGT recordó que el Consejo de Estado también cuestiona la idoneidad de Tragsa para estas tareas en la regularización, advierte de que esta entidad no puede ejercer potestades públicas y recuerda que el Tribunal Supremo ya anuló procedimientos administrativos tramitados por Tragsa. Así, el órgano consultivo solo admite su colaboración para apoyo material.

El Gobierno pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para esta regularización masiva de inmigrantes, que se prevé que afecte a más de medio millón de personas.