Para este sindicato, las posibles discrepancias sobre el porcentaje de trabajadores adscritos a los servicios mínimos debería resolverse por una instancia arbitral designada de mutu acuerdo por la Administración y las centrales.

A su juicio, la patronal debe quedar al margen porque lo que se trata de conjugar es el derecho de huelga con los demás derechos fundamentales de los ciudadanos y las organizaciones empresariales "no representan esos intereses y su intervención desnaturalizaría el contenido de la autorregulación, comprometiendo gravemente cualquier resultado".

UGT considera que la autorregulación permitirá eliminar "la práctica abusiva de fijar los servicios mínimosde la comunidad mediante decreto, devolviendo el protagonismo que en el derecho de huelga corresponde a sus titulares: trabajadores y sindicatos".

La central socialista señala que su propuesta será trasladada al resto de los sindicatos más representativos "para la puesta en común de un acuerdo formal que posteriormente sería remitido a los poderes públicos, para que garantizara y defendiera el mismo y, en caso preciso, adoptase las medidas legislativas necesarias".

En su opinión, este es el momeno más adecuado para abordar esta cuestión, "puesto que finalizada la negociación colectiva del presente año se cuenta con la experiencia y tranquilidad necesaria para abordar el problema antes de que se inicie el siguiente periodo de negociación".

La tesis de UGT contrasta con la posición de la CEOE, que es partidaria de regular la huelga mediante ley y considera absurdo afirmar que la patronal no tienen nada que decir en una materia que afecta directamente al funcionamiento de las empresas.

Tambén el Ministerio de Trabajo ha expresado reiteradamente su convicción de que es necesario regular la huelga mediante una fórmula consensuada por todos los interlocutores sociales, a fin de asegurar su eficacia.