“En un país como el nuestro no podemos ignorar la lacra que supone la siniestralidad laboral. Urge llevar a cabo actuaciones inmediatas que pongan fin a esta situación”, sostuvo el sindicato, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicara los datos de siniestralidad laboral de los 11 primeros meses del año pasado.

Dicha estadística refleja no solo un descenso en el número de accidentes laborales, sino también una bajada de fallecidos por esta causa, ya que perdieron la vida 664 trabajadores en accidente laboral hasta noviembre, 106 menos que un año antes.

A juicio de UGT, debe cumplirse “rigurosamente” con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas para evitar accidentes ya que, en algo más de un tercio de los accidentes de trabajo ocurridos durante la jornada laboral que se registraron en 2022, no se había realizado evaluación de riesgos.

Al respecto, destacó que esto se trata de “un asunto grave que indica una falta de cumplimiento de la normativa” y exigió un aumento de recursos humanos y materiales tanto para la Inspección de Trabajo, para que controle el cumplimiento de las normas, como para la Fiscalía de Salud Laboral, para que investigue y depure responsabilidades.

En este punto, el sindicato instó al Ministerio de Trabajo a que abra urgentemente la mesa de diálogo social en materia de prevención de riesgos laborales a la que se comprometió en la legislatura anterior. “Este compromiso fue anunciado durante la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y no puede demorarse más. Los trabajadores y trabajadoras siguen muriendo y accidentándose por el simple hecho de intentar ganarse la vida”, reforzó.

En la mesa se debe negociar, “de forma inmediata”, en opinión de UGT, un plan de choque contra la siniestralidad laboral que tenga en cuenta los riesgos psicosociales, que están relacionados con la primera causa de muerte por accidente laboral en España, que son los infartos y derrames cerebrales.

Además, UGT considera necesario realizar cambios normativos para adecuar la legislación en materia preventiva a las nuevas realidades del mundo del trabajo, así como mejorar la gestión preventiva y acabar con la mercantilización de los servicios de prevención.

Por último, el sindicato insistió en su petición de crear una figura similar a la del delegado territorial de prevención de riesgos laborales a nivel estatal, ya que “es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros”, lo que sería especialmente relevante en las pymes.