Así se expresó UGT en un comunicado después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre, que refleja una creación de 118.400 empleos, hasta alcanzar nuevos máximos de ocupación (más de 22,38 millones de cotizantes), aunque el paro empeoró y ascendió en 60.100 personas.

Pese a su valoración global positiva, el sindicato resaltó que persisten “retos estructurales” en materia de desempleo. Aunque el número de personas paradas desciende en términos anuales, aun 2,6 millones buscan trabajo, y una de cada tres lleva más de un año en paro.

Por ello, reclamó reforzar los servicios públicos de empleo y garantizar una orientación “personalizada y eficaz”, dotando de más recursos humanos y financieros a los organismos públicos para lograr una reinserción laboral “real y de calidad”.

Además, la organización advirtió de la brecha de género persistente en el desempleo: la tasa de paro femenina sigue siendo superior a la masculina (12,1% frente al 9%), lo que “obliga a reforzar las políticas de igualdad, la corresponsabilidad y la mejora de los contratos a tiempo parcial”.

DESPIDO

Por otra parte, UGT manifestó que la regulación actual del despido sigue siendo una “asignatura pendiente” en España. “La reforma impuesta en 2012 —un ataque frontal al diálogo social y a la negociación tripartita— debilitó la posición de las víctimas de un despido injusto e ilegal, reduciendo sistemáticamente las indemnizaciones por un acto ilícito y eliminando los salarios de tramitación”, ahondó. A su juicio, esta reforma rompió el equilibrio entre las partes y vulneró los estándares europeos de protección.

Por ello, volvió a exigir una reforma que “restablezca la justicia en el despido y garantice la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas, tal como establece la Carta Social Europea y ha reconocido el Comité Europeo de Derechos Sociales, al declarar que el sistema español no protege adecuadamente frente al despido improcedente”.

“La patronal, si realmente cree en el diálogo social, debe demostrarlo negociando una nueva regulación que proteja a las víctimas de decisiones empresariales injustificadas e ilegales y no alinearse con quienes buscan mantener una norma que destruyó la concertación social”, aseveró.

Asimismo, demandó que, ya que ahora no se ha aprobado en el Congreso la reducción de la jornada laboral y dado que la CEOE afirmaba que essa medida se debe adoptar vía negociación colectiva, la patronal debe ahora demostrarlo cuando se abra la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un marco que pactan sindicatos y patronal con recomendaciones para los convenios colectivos.

“El reparto más equilibrado del tiempo de trabajo permitirá aprovechar mejor los aumentos de productividad derivados de la innovación, mejorar la salud laboral, reducir la parcialidad involuntaria, facilitar la conciliación y garantizar una transición justa en el mundo del trabajo. En definitiva, avanzar hacia jornadas más cortas no solo es una cuestión de bienestar, sino también de eficiencia, sostenibilidad y cohesión social”, razonó UGT.

Además, alertó de que, pese a los “buenos” resultados económicos y a los márgenes empresariales récord, solo un 35% de las personas trabajadoras cuenta con cláusulas de revisión salarial automática vinculadas a la inflación o a la productividad.

Por ello, el sindicato reclamó generalizar estos mecanismos en el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), para que el crecimiento de las empresas se traduzca en mejoras reales para la mayoría trabajadora. El objetivo, señaló UGT, debe ser “garantizar que la riqueza se reparta de forma justa y que los beneficios empresariales no se acumulen a costa del poder adquisitivo de las personas asalariadas”.