El 31 de diciembre era el último día para finalizar esa transformación, por la que los alrededor de 3.800 juzgados unipersonales debían convertirse en 431 tribunales de instancia. Desde julio ya lo habían hecho más de 300 y ahora ya se ha activado el último centenar, aunque el departamento que dirige Félix Bolaños dio cierta "flexibilidad" a las oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés para que completaran los últimos "ajustes técnicos", por lo que arrancarán el 15 de febrero.

De esta forma se completa uno de los puntos clave de esta norma, que planteaba la constitución de los tribunales de instancia "de manera escalonada" en tres fases, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. Unos tribunales estos que se conciben como “órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico”. Algo que, remarca el ministerio, “permite una mayor agilidad porque se optimizan recursos, se reparten mejor las cargas de trabajo y se logra una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades”.

Justo antes de completar esta última fase, desde el departamento que dirige Félix Bolaños destacaron a finales de diciembre que ya estaban en funcionamiento más de 300 tribunales de instancia "sin incidencias destacables". Y en una última reunión con las comunidades con las competencias transferidas, el 22 de diciembre, se oficializó la puesta en marcha desde el 1 de enero de los últimos en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid.

Según Justicia, los tribunales que entraron en funcionamiento en julio "agilizan los procedimientos", algo que quiso mostrar con algunos datos. Así, detallaron que los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos...) se han reducido un 36% de media en siete comunidades, con un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunidad Valenciana. Mientras, la ejecución de sentencias se ha agilizado un 30% de media, alcanzando un 69% en Andalucía, un 55% en Castilla-La Mancha y un 27% en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Para implementar el nuevo modelo, Justicia ha invertido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos en las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia, "con un ahorro estimado de cerca de 300 millones en los próximos diez años", destacaron. Para la puesta en marcha de este modelo, tal y como explicaron, el grupo técnico del ministerio y las comunidades realizaron 27 reuniones de seguimiento y siete comisiones sectoriales durante el pasado año.

Otra novedad de esta Ley es la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, las cuales facilitan a los ciudadanos realizar múltiples trámites judiciales sin tener que desplazarse al municipio donde se ubican los tribunales de instancia. Según datos del ministerio, entre julio y diciembre, estas oficinas han gestionado más de 114.000 trámites.

Sin embargo, asociaciones como la Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) criticaron el "triunfalismo" del ministerio mientras afeaban que mantuvo el calendario “desoyendo" a quienes pedían "una evaluación más seria y más recursos”. Incluso más de 50 decanos grandes capitales y la Audiencia Nacional solicitaron el aplazamiento de su implementación.

Esta Ley de Eficiencia también incluye otra novedad, la exigencia de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversia (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial para reducir los litigios y “fomentar la cultura del diálogo entre las partes”. Según el ministerio, en el tercer trimestre de 2025 se redujeron los nuevos litigios en un 30,9%. Un punto este que también ha sido objeto de críticas, sobre todo en lo que afecta a procesos de familia en los que hay menores implicados. En este sentido, la vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Isabel Winkels, y la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), Dolores López-Muelas Vicente, alertaron a principios de diciembre en el Senado de que los MASC provocan "retrasos" e "inseguridad jurídica".