El presidente de esta entidad, José Domingo, ha realizado esta demanda a Reynders en una carta que le ha enviado después de las críticas que García-Castellón ha recibido por mantener su acusación por terrorismo contra el expresidente catalán y líder de Junts.

En esta misiva, Domingo menciona los reproches que a este juez hicieron la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. En concreto, esta integrante del Gobierno habló de la “implicación política importante” de este magistrado, mientras que la diputada independentista dijo que todo aquel que actuó contra el ‘procés’ “pagará lo que ha hecho”.

Según Impulso Ciudadano, estas manifestaciones constituyen “un claro señalamiento al juez instructor de la causa contra Carles Puigdemont, algo completamente inadmisible en democracia por parte de quien es vicepresidenta tercera del Gobierno de España”.

“ACTUACIÓN CONCURRENTE”

Para este colectivo, se está produciendo “una actuación concurrente del Gobierno regional catalán y del Gobierno español sobre los jueces que se pronuncian en relación con temas sensibles para los nacionalistas” y que “no es una anécdota”.

Esta asociación entiende que el ataque al instructor del ‘caso Tsunami Democràtic’ supone “una quiebra sistémica de principios esenciales del Estado de derecho que requiere que actúen quienes tienen competencias para velar por el respeto a los principios democráticos en la Unión Europea”.

Domingo alude en su carta a que no es la primera vez que se dirige a Reynders “para transmitirle información que entendemos relevante en relación con la situación del Estado de derecho en España”.