Así lo sostienen dos informes de la ONG presentados este martes por la directora de Programas Estatales y Autonómicos de la organización, Ana Belén Durán, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Entre oviembre de 2022 y el pasado junio, Médicos del Mundo España emitió un total de 318 informes de detección de situaciones de trata y explotación sexual en las 16 comunidades autónomas donde trabaja. De ellos, se tramitaron 317 solicitudes de acreditación ante organismos públicos correspondientes y se concedieron las citas 277, es decir, un 87,4% de los casos solicitados.

Los documentos expuestos por Durán están centrados en la aplicación del sistema de acreditación administrativa de la condición de víctima de trata y explotación sexual y en la tramitación del empadronamiento y la apertura de cuentas de pago básicas en régimen de gratuidad.

Ambos recogen recomendaciones dirigidas a instituciones públicas con responsabilidades en la materia para que las tengan en cuenta en el proceso de elaboración de la futura ley integral contra la trata.

Durán explicó que una de las razones por las que las víctimas de trata tienen obstáculos para acceder realmente a las medidas asistenciales públicas es la desigualdad territorial de aplicación de la normativa para acreditarlas como víctimas y garantizar su acceso a prestaciones porque son las comunidades autónomas las que establecen los procedimientos, recursos y prestaciones disponibles.

Así, se produce una situación de inequidad que se multiplica porque el colectivo de víctimas de trata tiene una gran movilidad geográfica y, si una mujer puede tiene reconocida su condición y derechos como víctimas en una comunidad autónoma, puede quedar “desprotegida en otra”. En ese caso, la mujer tendría que iniciar otro proceso de reconocimiento, lo cual generaría su revictimización.

OTRAS DIFICULTADES

Por otro lado, Durán señaló que el actual modelo de acreditación administrativa exige que la víctima esté “ligada a un fin”, vinculando este fin casi exclusivamente a la percepción de ayudas económicas, sin preservar el valor simbólico que posee el reconocimiento como víctima en el proceso de reparación y de recuperación de su proyecto de vida.

En la mayoría de los casos, la acreditación abre la puerta a percepción de prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En cambio, esa acreditación conlleva un proceso “complejo y confuso” que no tiene una aplicación “uniforme y homogénea” en las autonomías, lo cual genera “inseguridad, estigmatización y revictimización”.

A dificultades administrativas ya citadas se suman otras dos situaciones que limitan de manera “profunda y con alto impacto” la inclusión social de estas víctimas. Por un lado, la dificultad para tramitar su empadronamiento, ya que, a veces, se les niega porque no pueden firmar contratos formales de alquiler en pisos superarrendados o habitaciones porque viven en clubes o pisos 24 horas y porque no tienen un domicilio estable.

Por otro lado, no tienen acceso a las cuentas de pago básicas en régimen de gratuidad, que son una “herramienta fundamental” para garantizar el derecho a la inclusión financiera. Médicos del Mundo observó obstáculos para que las supervivientes de trata puedan abrir una cuenta bancaria. Durán recordó que todas las entidades financieras que ofrecen cuentas corrientes están “legalmente obligadas” a tener estas cuentas gratuitas, pero, en la realidad, “no es así”.

RECOMENDACIONES

Los informes presentados por Durán recogen también algunas peticiones o recomendaciones dirigidas a las instituciones publicas con competencias en esta materia. Por una parte, Médicos del Mundo reclamó aprobar la ley integral contra la trata y la explotación sexual de seres humanos, que está preparando el Ministerio de igualdad. Esta ley debe establecer procesos de “detección, acreditación e identificación garantistas” y reconocer el rol de las entidades sociales especializadas en trata.

También, la ONG pidió garantizar que las supervivientes migrantes en situación administrativa irregular puedan acceder de manera “eficaz y no victimizante” al sistema de acreditación administrativa, armonizar la aplicación de la acreditación de víctimas entre autonomías para evitar desigualdades y promover un catálogo común de medidas asistenciales.

Igualmente, los documentos sostienen que se debe reconocer el estatus de víctima, no solo como requisito para acceder a los recursos y ayudas, sino como un acto de reparación y dignificación de estas mujeres; reforzar el papel de las entidades sociales especializadas en este ámbito, y supervisar el cumplimiento de la normativa en vigor sobre la acreditación de víctimas.

Finalmente, se pidió modificar la resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la gestión del padrón municipal para mejorar la aplicación de la figura del empadronamiento social, y reformar el Real Decreto para contemplar la inclusión financiera de las mujeres en prostitución y trata o explotación sexual como población vulnerable.