En su petición, estos colectivos observan que la antedicha directiva es “de obligado cumplimiento” y recuerdan que España disponía hasta el pasado 2 de agosto para trasponerla, sin que hasta la fecha se haya decidido a hacerlo.

Este retraso supone, a juicio de estas entidades, “la merma de derechos para millones de familias, la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea y el pago de una multa de 9.760 euros diarios, de los que España ya lleva 10 millones de euros abonados por el incumplimiento”.

Estas 12 organizaciones lamentan que la Ley de Familias, que representa la transposición de la directiva comunitaria, está parada en el Congreso, y denuncian que los decretos aprobados con algunas de las medidas contenidas en esta norma no contienen ningún tipo de remuneración para los progenitores.

Por todo ello, solicitan a Sánchez que transponga la directiva en cuestión a través de un “real decreto-ley urgente” y anuncian la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas, que se extenderá hasta el próximo 1 de agosto, para que la ciudadanía secunde esta petición.

Esta petición, coordinada por la Plataforma de Infancia, cuenta con el apoyo de las siguientes organizaciones: Aldeas Infantiles, Consejo de la Juventud de España, Educo, Federación de Familias Monomarentales (FAMS), Madres solteras por elección, la Asociación Yo No Renuncio del Club de Malasmadres, Oxfam Intermón, Plataforma del Tercer Sector, Save the Children, Unicef España y Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF).