La "etiqueta social", que ervirá como distintivo para que los consumidores puedan favorecer a este tipo de empresas, será otorgada a las compañías entre cuyos objetivos estén la integración social de personas con minusvalías y otros colectivos discriminados.

En concreto, recibirán la etiqueta las empresas que cuenten en plantilla con al menos un 30 por ciento de discapacitados, toxicómanos en rehabilitación y menores de 16 años que hayan estado en situación de desamparo.