Tragsatec es la segunda de las empresa públicas en las que Rodríguez estuvo contratada gracias a la mediación de Ábalos, con quien mantenía en ese momento una relación sentimental.

Barbancho explicó en un primer momento que recibió el currículum de la expareja de Ábalos y de otra persona y que Ignacio Zaldivar, exalto cargo de Adif, le dijo que una de ellas era la “sobrina” de Koldo García, a quien no conocía.

Más adelante se le informó de que Jéssica Rodríguez era sobrina de Ábalos y la testigo llegó a explicar que Zaldivar le confesó que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por esa contratación, estaba molesta con la situación.

La responsable de Tragsatec explicó que cuando empezó a indagar por qué Rodriguez no fichaba ni acudía a la empresa a prestar sus servicios, desde Adif le dijeron que dejara de “acosar” a la “sobrina” del ministro.

El tribunal que juzga a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama apuntó en esta primera sesión del ‘juicio mascarillas’ la existencia de una eventual responsabilidad penal de Ineco y Tragsatec por no controlar que la expareja del político hacía el trabajo para el que fue contratada.

En una resolución de este mismo martes, el tribunal rechazó el último intento de la Abogacía del Estado para que se diera la condición de perjudicadas a ambas empresas. En su resolución, el tribunal señala que Ineco y Tragsatec “pudieron intervenir en la contratación sin actuar diligentemente en el control de actividades de sus directivos, administradores o empleados, surgiendo de ese actuar una posible responsabilidad penal que deberá ser indagada y, en su caso, enjuiciada”. Por ese motivo, consideran “prematuro” declararlas perjudicadas en este momento procesal.