Así lo refleja el Informe sobre la Democracia en España 2024 que presentaron este lunes en el Congreso Jesús Ruiz Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas; y Emilio Pajares, subdirector general de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, junto a la diputada del PSOE y Secretaria Segunda de la Cámara Baja, Isaura Leal, quien presentó el encuentro.

Pajares pidió no caer en un "catastrofismo" que lleve a pensar que España tiene mala democracia, a la vez que "cuidemos de no perder ese espíritu crítico" a la hora de valorarla. Así, señaló que el informe de este año no sólo destaca cuestiones políticos, sino socioeconómicas, poniendo énfasis en el problema de la vivienda o la inmigración.

Así, en el informe se ofrecen diversos análisis sobre el funcionamiento de la democracia, organizados en tres bloques: El contexto político, el Estado de bienestar y los ejes del debate público. Pajares destacó que en esta edición se ha incluido un capítulo específico denominado 'El problema de la vivienda en España y el reto de transitar a un nuevo modelo' y en las conclusiones aportadas por los expertos destaca que "lo más probable es que el alza de los precios en compra y en alquiler continúe en los próximos años".

Asimismo, el documento señala que las administraciones públicas "han reaccionado tarde a este problema" y que "las medidas destinadas a proteger a los inquilinos han reforzado su poder de negociación frente a los propietarios, pero apenas han conseguido limitar la subida del precio de la vivienda y de los alquileres", criticando la "ausencia de un ambicioso plan de vivienda".

Ante ello, en el informe también vienen recogidas recomendaciones para la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señalando que el Ministerio "debería plantear un plan de vivienda para el medio y largo plazo".

El objetivo es "aproximar la posible demanda y fijar objetivos de construcción de vivienda pública", destaca, a la vez que pide a las comunidades autónomas que valoren las subidas en los alquileres, especialmente en las zonas tensionadas, y los efectos directos e indirectos de las medidas para fijar precios máximos. Las administraciones públicas "deberían trazar un plan ambicioso para ampliar el parque de vivienda pública, lo cual obligaría a invertir el equivalente del 1% del PIB", destaca el documento.

Otra de las tareas que recomienda el informe es que "el Ministerio de la Vivienda, en colaboración con el Catastro y la Agencia Tributaria, debe sistematizar toda la información disponible sobre vivienda arrendada, distinguiendo por tipo de propietarios, según su uso y en función de la cuantía del alquiler y tipología del contrato". Asimismo, plantea que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revise la metodología del IPC a raíz de los resultados derivados de la nueva estadística de alquileres (IPVA).

Por su parte, Jesús Ruiz Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, consideró "fundamental" que, "en un país tan desmemoriado como es el nuestro, en donde la memoria y la historia parece que no cuenta tanto", trabajar por "mantener esa senda de estudio de análisis y valoración".

Así, informó de que este año se ha ampliado la muestra y el número de encuestados, además de incluir "nuevas perspectivas", por ejemplo "la perspectiva del mundo del derecho, y se hace un análisis sobre el grado de sintonía o asintonía entre lo que piensan los profesores de derecho y los profesores de sociología o políticas". Ruiz Huerta también recalcó que el informe muestra que, pese a los problemas, la democracia "funciona razonablemente bien en nuestro país".