Lo anunció la Fundación Secretariado Gitano que explicó que los hechos se remontan al mes de diciembre de 2019, cuando la joven acudió al Carrefour de Madrid-Sur acompañada por su cuñada y su bebé. En un momento dado, fue interceptada por el vigilante de seguridad, que le acusaba de haber robado el juguete que llevaba su hijo, y que comentó a su compañero “como son gitanas, cómo no van a robar”.

A pesar de explicar que el juguete se lo habían regalado en la inauguración de una juguetería días antes, el vigilante la retuvo en el cuarto de seguridad durante más de 90 minutos con su hijo, “pasando frío y sin poder alimentarle ni cambiarle el pañal, hasta que llegó la policía”.

Cuando los agentes se presentaron en el lugar, le abrieron acta de denuncia para presentarse a un juicio rápido por un delito de hurto, “basándose únicamente en el testimonio del vigilante” y obviando los ruegos de la joven, que pedía que vieran las cámaras de seguridad, como prueba de que no había robado el juguete.

Posteriormente, la joven fue a la juguetería donde le habían regalado el juguete para hablar con el dependiente del establecimiento, quien se ofreció a testificar a su favor. Esto motivó que llamara al jefe de seguridad del Carrefour, quien le conminó a ir a la comisaría, donde se personó para explicar los hechos. Sin embargo, los agentes le contestaron que “eso se lo tendría que decir al juez, que sería el que valoraría”.

Al día siguiente, tuvo lugar el juicio rápido, en el que sólo testificaron el vigilante de seguridad, que la acusó “pese a tener conocimiento, porque así se lo había confirmado el propio dependiente de la tienda, de que el juguete era un regalo”.

A pesar de que la joven pidió al juez que llamara al dependiente de la juguetería a declarar como testigo y que visualizaran las cámaras de seguridad, éste sólo tuvo en cuenta el testimonio del agente de seguridad y la condenó a una multa de 26 euros por un delito de hurto, lo que le genera antecedentes penales.

La joven recurrió la sentencia con la ayuda de la Fundación Secretariado Gitano ante la Audiencia Provincial, pidiendo además la nulidad de las actuaciones, “al haberse vulnerado el derecho a la defensa”.

Este recurso fue desestimado, por lo que se recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, que también lo desestimó. Finalmente, se recurrió al Tribunal Constitucional, que no lo admitió a trámite por considerarlo “carente de relevancia constitucional”.

De este modo, la única puerta que a la que le queda por llamar a la joven en busca de amparo es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.

Ante esta situación, Selene de la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano e integrante del equipo jurídico que ha participado en todo el proceso judicial, denunció que a la joven “se le ha dispensado un trato desigual y diferenciado por su doble condición de muer y de gitana, una discriminación que no ha sido abordada debidamente por los tribunales españoles, lo que nos obliga a acudir a la ONU”.

Añadió la importancia de señalar, ante la cercanía de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, “los estereotipos y prejuicios que todavía enfrentamos las mujeres gitanas y que en ocasiones se materializan en graves vulneraciones de derechos humanos como en este caso”.

Por todo ello, la Fundación Secretariado Gitano dejó claro que se está ante “un claro caso de discriminación interseccional en varios niveles, cometido, precisamente, por quienes debería haberla protegido: Policía Nacional, juez de instrucción y fiscal, tribunales de otras instancias”.

En ese sentido, este colectivo busca “trasladar los estándares europeos e internacionales de derechos humanos en materia de discriminación en la jurisprudencia española” y “sentar un precedente que otorgue justicia no sólo a Jenifer Muñoz, sino a muchas otras mujeres gitanas víctimas de discriminación, no sólo en España, sino a nivel internacional”.