El asunto queda así judicializado después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya remitido a la jueza su diligencias preprocesales y el resto de denuncias por la compra por parte de una empresa pública del Gobierno autonómico de un ático de lujo por 6,3 millones de euros.

La primera de las denuncias presentadas fue la de Iustitia Europa. El Ministerio público abrió poco después una investigación preprocesal que ahora cierra en relación con las tres denuncias presentadas por particulares tras conocer que ya existen unas diligencias abiertas en un juzgado de Madrid al que correspondió, por reparto, la presentada por Iuistitia Europa.

Al tratarse de denuncias, no se dirigen contra ninguna persona en concreto, sino que los firmantes ponen en conocimiento de la justica unos hechos que pueden revestir responsabilidad penal. En caso de que se desprendiera alguna responsabilidad de la presidenta madrileña, el caso debería pasar al Tribunal Supremo al estar aforada como presidenta de una comunidad autónoma.

La denuncia de Iustitia Europa señala que "si durante el curso de la investigación aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de persona que ostente la condición de aforada, singularmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayudo, o el consejero de presidencia, Justicia y Administración Local, don Miguel Ángel García Martín, y tales indicios aparecieran vinculados a su concreta intervención, conocimiento, autorización, instrucción u omisión en la cadena decisoria de la operación investigada, se interesa desde el momento que se proceda conforme a las reglas de competencia objetiva aplicables".

En cuanto al decreto de la Fiscalía de Madrid en el que remite las otras cuatro denuncias que ahora remite al juzgado, se reclama una investigación de las actuaciones desarrolladas por el Consejo de Administración de Planifica Madrid en relación con la compra que todas ellas cuestionan y la que ven “relevancia penal”.