Así se pronunció durante su intervención en el panel ‘Inmigración, Constitución y menores no acompañados’ en el marco del I Congreso de Extranjería del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), donde detalló algunos de esos problemas que rodean a un “fenómeno” que “viene de muy lejos”.

Y es que, tal y como remarcó en varias ocasiones, la “complejidad jurídica” de la protección de los menores migrantes no acompañados radica en que “hay muchos derechos y muchas capas en el derecho”, lo que implica que haya que abordarlo “de forma conjunta”. De no hacerlo así, avisó, “estamos absolutamente abocados al fracaso en el tratamiento de este fenómeno y la protección de esos migrantes”.

En primer lugar, hizo referencia a la normativa que debe aplicarse a estos menores, la cual proviene del derecho internacional, con España, y muchos otros países aproximándose al problema a través del Convenio sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, el cual se ha “configurado como un parámetro jurídico de primer orden” y que se aplica en los ordenamientos internos.

Así, apuntó que no solo la normativa interna ha recogido esa aproximación al fenómeno de los menores no acompañados, sino que la jurisprudencia española del Tribunal Supremo “también ha utilizado como parámetro para tratar a los menores este convenio”. De ahí que señalase que la mayor parte de los países de la UE no tienen “libertad absoluta” para abordar este fenómeno.

Y añadió, en cuanto a la jurisdicción, que la UE cada vez "regula más" y está "más pendiente de este fenómeno", pero avisó de que el derecho derivado de los tratados "va a considerar al menor más un inmigrante que un menor". Una tendencia, remarcó, que implica que, "en en bastantes casos, se les puede llegar a privar de libertad o de su propia protección internacional". Un ámbito este, el europeo, que instó a "atender más pronto que tarde".

DERECHO A LA EDUCACIÓN

En segundo lugar, se centró en los derechos fundamentales de estos menores, especialmente en la educación, reconocida en la Constitución. Aquí incidió en que prestar ese derecho a un menor migrante no acompañado “no puede compararse” con hacerlo a un menor nacional. Por, entre otros motivos, que algunos llegan a mitad de curso o el desconocimiento del idioma. Sí que reconoció que se ha avanzado para superar estas circunstancias, aunque sentenció que todavía no se ha “dado con la clave para superarlas”.

Pero sumó a esta lista de problemas relacionados con la educación las altas cifras de abandono escolar de este colectivo, lo que, de cara al futuro, dificultaría su inserción laboral y la “caída en la irregularidad”.

En tercer lugar, la magistrada habló de la “eventual repatriación a sus países de origen”, donde enumeró también otra serie de problemas para llevarla a cabo, sobre todo la determinación de su edad.

EDAD

En este punto hizo referencia, por un lado, a la “invasión de la intimidad” del menor para comprobarlo. Y, por otro, a los procedimientos que se usan para ello, pues se aplican los “parámetros de los menores europeos”, los cuales “no siempre son los mismos respecto a los menores africanos”.

Así, avisó de que esto provoca situaciones como que se considere mayores de edad a quienes realmente son menores. Y reconoció que hay propuestas de modificación de los protocolos y de mejoras en las pruebas científicas para “ajustar mucho mejor la edad”.

Tras esto, de nuevo en la repatriación, incidió en que una de las principales trabas es la dificultad para contactar con familiares directos en el país de origen para que se hagan cargo de ellos.

PASO A LA VIDA ADULTA

Un cuarto problema en el que se centró fue el paso de la minoría de edad a la mayoría, cuando dejan de estar tutelados por una administración. “Este menor deja de ser menor y pasa a ser un inmigrante”, apuntó tajante ante lo que calificó como un “problema grave”, pues las administraciones “no pueden hacer nada para permitir su tránsito a la vida adulta y que continúe su vida en España”. Y “voluntariamente”, añadió, “no va a volver a su país”.

Eso sí, consideró que con diferentes reformas de la Ley de Extranjería llevadas a cabo se “arregló bastante” este problema a través de la concesión de determinados permisos de residencia. Aunque animó a “explorar más" esta vía frente a otras como el acceso a la nacionalidad.

Por último, entró en el ámbito de las competencias, compartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, reconociendo que en los últimos meses ha habido “sus más y sus menos” entre ambas por el reparto de menores migrantes.

En este punto, hizo hincapié en que “nadie puede imponerse a nadie” y abogó por la “vía de la cooperación y el auxilio”, recordando la existencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia como marco para alcanzar “acuerdos”. Al mismo tiempo, abogó por la “coordinación del Estado” en determinados ámbitos en los que no hay competencias compartidas.