En concreto, la moción de la formación liderada por Santiago Abascal se centra en las medidas que piensa tomar el Ejecutivo tras "la condena del fiscal general del Estado”. Y se debatía 24 horas después de que se conociera la sentencia completa y el mismo día que Teresa Peramato juraba su cargo. Con ella, Vox busca que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, entre otros, a ese adelanto electoral, "que deberá realizarse por el presidente del Gobierno” o “renunciar a la propuesta de nombrar a una persona del notorio perfil ideológico de Teresa Peramato”. Asimismo, reclamaba retirar, "de forma inmediata", entre otras reformas legislativas, "el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal", que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales y aparta de las acusaciones populares a los partidos políticos y asociaciones ligadas a ellos.

Sin embargo, el debate se convirtió en una muestra de rechazo por parte de los socios del Gobierno a la sentencia del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y en un ataque a Vox como consecuencia del presunto desvío de fondos por parte de Revuelta, la organización juvenil ligada a esta formación.

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro denunció que "es un hecho el control político del Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC)", algo que, consideró, "se manifiesta en el proceso de reformas legislativas que el Gobierno trata de impulsar", como el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal o el citado Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

Con todo ello, además de la retirada de dichas reformas legislativa, Gil Lázaro aseguró de forma tajante que lo "más urgente" para "garantizar la independencia de la Justicia y la salvaguarda de nuestra democracia es darle ya la palabra al pueblo español para que el pueblo español decida libremente sobre una disyuntiva clara y taxativa: o continuar moribundos en manos de Sánchez o abrir un camino de esperanza al futuro de España".

"DESVÍO DE FONDOS"

Por su parte, durante su intervención, la diputada de Compromís, Águeda Micó, se mostró especialmente dura con el parlamentario de Vox, señalando que "Revuelta y Vox son lo mismo" y denunciando que "se han quedado con el dinero de las víctimas de la dana". Algo que dijo tras recriminarle que el día anterior no le respondió cuando le preguntó si sabía algo de los exdirigentes de Revuelta que "admitían desviar fondos recaudados para las víctimas de la dana".

"La dana, para ustedes, señorías de Vox, ha sido un decorado y una fuente de ingresos", espeto Micó mientras insistía en que iban "a Valencia a aprovecharse de una situación para quedarse dinero de las víctimas".

Desde ERC, Pilar Valluguera habló de que España "es un estado fallido, un Estado que no hizo bien la transición desde la dictadura hasta una supuesta democracia, pues son los mismos perros con los distintos collares". Y es que la parlamentaria de Esquerra cargó duramente contra la sentencia de García Ortiz, señalando que la "prevaricación" que representa una sentencia "que dice que se puede acreditar que quien cometió el delito fue el fiscal general del Estado u otros de su entorno es de tal calibre que acaban de destrozar el Estado de derecho de su Estado, no del que yo crearé o del que yo quiero crear".

"SIN PRUEBAS"

También fue muy duro y crítico, con la sentencia y con Vox, Enrique Santiago, de Sumar, quien comenzó denunciando que la condena a García Ortiz ha sido "un enjuiciamiento incompatible con el principio acusatorio y los estándares de independencia judicial". "Ha sido declarado culpable sin pruebas y sin que sepamos quién es el entorno". Es una sentencia, añadió, que busca "impedir la condena a la pareja de Ayuso por defraudar impuestos devengados en operaciones de saqueo a la Sanidad pública".

Pero también tuvo Santiago palabras para Vox refiriéndose a Revuelta, "denunciada por apropiarse de miles de euros donados para los damnificados de la dana" y a que "el denunciado, el presidente de Revuelta, es el cuñado del diputado de Vox en esta Cámara Manuel Mariscal". O a que "la exportavoz de Vox en Baleares Idoia Rivas denuncia en la Fiscalía a Vox por transferir dinero de sus grupos parlamentarios a la Fundación Disenso".

"GENERA CRISPACIÓN"

Mientras, desde el PSOE, Joaquín Martínez Salmerón comenzó cargando contra la iniciativa de Vox, asegurando que "no ensancha el espacio público, lo estrecha" y que "aspira a generar crispación". Asimismo, criticó que Vox "insiste en atacar a las instituciones, al fiscal general, al Tribunal Constitucional y a otros cuerpos del Estado".

Tras apoyar a García Ortiz y asegurar que "fue atacado desde su elección", insistió en que respeta el fallo, matizando que "respetar no es compartir y discrepar no es quitar legitimidad". Al mismo tiempo, defendió las reformas legislativas que planta el Gobierno en materia judicial y que Vox exige suprimir, apuntando que es "la mayor transformación de la Justicia en décadas", como ha venido repitiendo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

EL PP, A FAVOR

Por último, el PP, en boca de su diputado Agustín Conde, fue el único que anunció su voto a favor de esta moción de Vox, criticando los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, y subrayando que "en 50 años de democracia no habíamos visto un asalto a las instituciones como el que está perpetrando el Gobierno de Pedro Sánchez".

También se refirió Conde a la sentencia del Supremo, pero en sentido contrario, apuntando que "si un tribunal de Justicia se atreve a condenar a uno de los suyos, entonces resulta que los jueces son fachas con toga y hay que dedicarse a atacar sus sentencias". De ahí que criticase que "lo más grave" es "la actuación de la izquierda y de la extrema izquierda en relación con la condena al fiscal general", ante lo que se preguntó: "¿Quién decide en un Estado de derecho si alguien es culpable o inocente?". Así, respondió señalando que cuando el presidente del Gobierno o sus ministros "se permiten el lujo de atacar la sentencia del Tribunal Supremo, se está haciendo un ataque intolerable, inasumible al poder judicial. Se está retando al Tribunal Supremo".