Así lo expusieron en un comunicado firmado por CECU, Amigos de la Tierra y Justicia Alimentaria, en el que detallaron el “decálogo” de demandas que presentaron al Ejecutivo para “promover” un sistema agroalimentario “más justo” y demandaron “que se tenga más en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil frente a la industria" en la planificación y desarrollo de estrategias y políticas vinculadas a la alimentación y protección del mundo rural.

En concreto, con el fin de “garantizar” un modelo agroalimentario “justo y sostenible” y un mundo rural “vivo”, le instaron a garantizar el derecho a la alimentación de toda la población, “especialmente de los colectivos vulnerabilizados”, así como a articular un sistema alimentario que “garantice precios justos para las personas productoras, consumidoras y trabajadoras”.

En paralelo, abogaron por un modelo de producción de alimentos “que respete los derechos laborales y sociales” y “basado en la agroecología”, además de por impulsar modelos ganaderos familiares y sostenibles y por el “rechazo de la ganadería industrial”.

Junto a ello, se mostraron a favor del “fomento” desde las instituciones de la alimentación agroecológica a través de la compra pública, de la “defensa” del territorio rural frente a la “expansión de las macrogranjas, minería o macroproyectos de energía solar y eólica” y de entornos sociales, de producción y consumo “inclusivos con perspectiva feminista” así como de servicios públicos y “de calidad” en el medio rural y del fomento de los entornos alimentarios “sostenibles”.

MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Tras mostrarse convencidas de que, ante la actual “crisis” de los precios de los alimentos “es importante” que se aprueben medidas políticas “que garanticen a medio y largo plazo” el acceso a una alimentación “sana” y “una sostenibilidad de todo el modelo agroalimentario”, las organizaciones recordaron que la situación actual “afecta a la economía de las personas e incluso al propio acceso a los alimentos de aquellas más vulnerables”.

A su juicio, las medidas “a corto plazo” como la bajada del IVA “no son suficientes y no resuelven el problema”, puesto que, mientras que el precio de la cesta de la compra “sigue aumentando”, los costes de producción “también ahogan cada vez más a la producción agroecológica familiar”. “Existe un frágil equilibrio entre la provisión de recursos y alimentos para nuestro consumo, la defensa del territorio y que las personas que lo habitan y trabajan dispongan de unas condiciones dignas de vida”, sentenciaron.

En este punto, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU aseguró que “valora” las acciones “de carácter más urgente” emprendidas por el Gobierno, si bien, advirtió de que, “a medio plazo” urge implementar “medidas que garanticen tanto los derechos de las personas productoras como el acceso de las personas consumidoras a una alimentación saludable y sostenible”.

En la misma línea, Amigos de la Tierra solicitó al Ejecutivo “que ponga en el centro” la “urgente necesidad” de “transformar” el modelo agroalimentario “para que se ajuste a los límites planetarios y responda a las necesidades de las personas, en lugar de los intereses de la industria y los grandes grupos corporativos”, convencida de que la presidencia española de la UE es “una buena oportunidad para avanzar en este camino”.

Este decálogo es “fruto” del trabajo conjunto de cerca de 100 personas vinculadas al mundo rural, la producción y el consumo de alimentos, la soberanía alimentaria y la salud que se reunieron a finales de año en Jaca (Huesca) para “debatir sobre iniciativas en común” en este ámbito y a esta “demanda conjunta” se incorporaron también organizaciones vinculadas a la salud pública, que dijeron esperar que estas propuestas “sean tenidas en cuenta” por parte de las administraciones públicas y solicitaron reuniones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación y al Ministerio de Consumo.