Lo hicieron en una carta que han remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde indican que “los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, sean públicas o privadas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con ese dinero público tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica”.

Por ello, mostraron su preocupación por el caso de Hipra, una compañía española que desarrolla una vacuna contra la covid-19 que está a punto de comenzar el ensayo clínico en fase 3, con 3.000 pacientes de 15 hospitales de España, Italia y Portugal. “Si todo sale bien, esta sería la última etapa antes de comenzar su proceso de regulación y autorización”, explicaron.

Para la investigación y el desarrollo de la vacuna, recordaron las entidades, la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Sin embargo, según afirmaron las organizaciones, “nada garantiza que cuando la vacuna empiece a producirse pueda llegar a todas las personas que la necesiten dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Por ello, recordaron a Pedro Sánchez que “se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración adecuadamente proporcional a sus esfuerzos de inversión”; y recordaron ejemplos previos como la vacuna Corbevax, que fue desarrollada por el Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine, y cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla.

En la misma línea, y al respecto tanto de la vacuna de Hipra como de las vacunas que desarrolla en estos momentos el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las entidades firmantes reclamaron que sus licencias se compartan a través de ‘C-TAP’, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a intercambiar conocimientos y la propiedad intelectual de las vacunas y otros productos contra la covid-19.

“Se deben incorporar condiciones y provisiones de acceso para que tanto las entidades públicas como privadas, licencien sus productos a través de acuerdos globales y no exclusivos, a través de ‘C-TAP’, compartiendo los derechos de propiedad intelectual, con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”, señala la carta, que también Además, que la financiación destinada a instituciones públicas sea la misma que la que se invierte en instituciones y empresas privadas.