Así lo exigió la entidad en un comunicado en el que, coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias españolas, sostuvo que los centros penitenciarios "no son el lugar idóneo" para atender las necesidades de las personas que tienen problemas de adicciones y subrayó la importancia de "seguir avanzando" en la aplicación de penas y medidas alternativas al encarcelamiento, así como en el "impulso" de la justicia restaurativa.

"Esta necesidad se hace aún más evidente en el caso de las mujeres dado que el entorno penitenciario está marcado por una estructura predominantemente masculinizada, que incrementa aún más sus situaciones de vulnerabilidad", advirtió.

A este respecto, teniendo en cuenta que ellas enfrentan situaciones de "mayor vulnerabilidad" que los hombres y presentan un perfil de "menor peligrosidad", UNAD defendió una serie de medidas apoyándose en la "evidencia" arrojada por el informe ‘Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’, editado por la propia red de adicciones.

En este contexto, señaló la necesidad de "seguir avanzando" en la incorporación del enfoque de género en el funcionamiento de las prisiones para reducir situaciones de "especial vulnerabilidad" para las mujeres privadas de libertad, "especialmente cuando hablamos de mujeres con adicciones o mujeres víctima de violencia de género".

Por otro lado, puntualizó que sólo el 7% de la población reclusa es mujer y reconoció la "dificultad" de crear centros penitenciarios "exclusivos" para ellas, si bien apuntó a la necesidad de introducir otras medidas "estructurales" en los centros mixtos que "tengan en cuenta" la "realidad" de las mujeres, "a la par que se priorice el régimen abierto en los casos de las reclusas para atender sus situaciones mediante los recursos comunitarios".

En paralelo, reivindicó la importancia de ofrecer a las presas una formación que tenga "más en cuenta" la perspectiva de género, "intensificar" los trabajos de cara a su inserción laboral, favorecer la preservación de los vínculos familiares y "especialmente" con los hijos e implantar programas de atención a las adicciones que "tengan en cuenta la realidad específica de las mujeres en cuanto a las sustancias que usan o sus contextos de consumo".

Además, ante aquellos casos en los que puedan existir episodios de violencia de género sufridos en el pasado, ve "urgente" el establecimiento de protocolos de detección de la violencia junto a un sistema de coordinación "real" entre instituciones que permita un abordaje "integral y especializado" de estos supuestos con el "fin último" de "preparar" a las reclusas para la libertad "desde un prisma de protección".