Estas son algunas de sus propuestas y reivindicaciones en materia de drogas y adicciones de cara a la celebración de las próximas elecciones generales convocadas para el día 23 de julio y que la red, que representa a más de 200 entidades de toda España, ya les ha remitido para que puedan ser incluidas en sus objetivos programáticos.

A este respecto, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, subrayó la necesidad de “aumentar el compromiso y la responsabilidad política” con las personas con adicciones, sus familias y la comunidad y la importancia de “reforzar” la atención para que “ninguna persona quede excluida”.

Entre las propuestas presentadas por la red, destacó la necesidad de “blindar” los derechos de las personas con adicciones, "incidiendo especialmente” en el derecho a una vivienda digna, sobre todo en población “más vulnerable” con adicciones, como pueden ser las mujeres víctimas de violencia de género o las personas sin hogar.

Por lo que se refiere a las personas con adicciones que están en prisión, UNAD defiende para ellas una serie de medidas concretas con el fin de “avanzar” hacia un sistema penal y penitenciario enfocado a la "reeducación", la reinserción social y el tratamiento terapéutico como “alternativas a la prisión”.

De entre ellas, resaltó reducir el “abuso” de la pena privativa de libertad y evitar la masificación de las prisiones así como “frenar y revertir” el “endurecimiento” de la respuesta penal a la “pequeña delincuencia”, en su “mayoría” protagonizada por personas con problemas de adicciones, salud mental o en situación de pobreza y exclusión social, “reservando la pena de prisión para los casos más graves”.

Para dar respuesta a las necesidades “individuales” y que “nadie quede atrás”, también hizo hincapié en la necesidad de desarrollar “recursos específicos”, en todo el territorio, destinados a personas mayores con adicciones y mujeres víctimas de violencia de género.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ

En paralelo, UNAD abogó por la articulación de medidas dirigidas a “desarrollar y promocionar” servicios y programas de “prevención y detección precoz”, tanto de adicciones con y sin sustancia, con el fin de “reducir su impacto negativo en la sociedad, evitando daños a la salud, problemas sociales y costes asociados”.

Junto a ello, la red pidió “fortalecer” el eje de reducción de la demanda de drogas en la próxima Estrategia Nacional de Adicciones con “especial énfasis” en las áreas de prevención, tratamiento, incorporación social y reducción de daños.

En este sentido, también demandó una “mayor participación” de la sociedad civil en el diseño de la futura estrategia, pero también en la “evaluación” de la actual, vigente hasta el año 2024, así como aumentar las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de drogas y adicciones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y “potenciar” el Plan Nacional sobre Drogas y las “alianzas” con la sociedad civil organizada, además de impulsar acciones para “afianzar” la cogobernanza y participación de las ONG en el desarrollo de políticas en este ámbito.

LEYES NO PUNITIVAS

Entre otras peticiones, por lo que se refiere al desarrollo de nuevas leyes, la red también incidió en la necesidad de sacar adelante una ley “no punitiva y efectiva” que “proteja” a los menores de edad de los efectos del consumo de alcohol.

Al mismo tiempo, llamó a auspiciar un debate “informado y objetivo” sobre la regulación del cannabis, con un enfoque centrado en la salud, ampliar la regulación relacionada con la publicidad de los juegos de azar e “impulsar” la regulación del juego ‘online’.