Así lo reclamó en un comunicado publicado coincidiendo con la conmemoración, este domingo, del Día Internacional de las Familias, y en el que valoró de forma “positiva” la articulación de una Ley de Familias “que reconozca la diversidad familiar y equipare en derechos a todas las familias” y que, previsiblemente, verá la luz después del verano.

“Esta ley supone un gran avance social y representa una oportunidad histórica de proteger a todas las familias, garantizando sus derechos en igualdad”, señaló en este sentido la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias, quien recordó que la organización ha participado en el proceso de consultas y asesoramiento por parte de la sociedad civil de cara a la articulación de esta ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

A este respecto, la entidad subrayó la participación e “involucración” de las entidades sociales en el desarrollo del texto y admitió que en él se han recogido sus “principales” demandas, por lo que espera que cuente con el apoyo de “todas las administraciones implicadas" y que "vea pronto la luz”.

Para la organización, uno de los “hitos” de la ley es la protección especial a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, bien por su estructura familiar, como las familias monoparentales, adoptivas o reconstituidas, o por sus necesidades de apoyo específico, como consecuencia de una discapacidad, de procesos de migración o situaciones de pobreza o exclusión social.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

En paralelo, juzgó “fundamental” la protección a la infancia, garantizando su “óptimo” desarrollo y reduciendo la pobreza infantil a través del apoyo a las familias. “No hay niños y niñas pobres, sino familias pobres”, advirtió, al tiempo que defendió que, “para proteger a la infancia, es necesario proteger a las familias”.

“España es y ha sido históricamente de los países de nuestro entorno que menos invierte en familia y esto se refleja en las altas tasas de pobreza infantil y también en el bajo índice de natalidad”, apostilló Iglesias, para, a continuación, insistir en que resulta “necesario invertir en las familias”.

En este punto, aseveró que, para apoyar a las familias “se hace imprescindible fomentar la conciliación” de la vida personal, familiar y laboral y la “corresponsabilidad” entre hombres y mujeres, pero también del sector privado y la administración pública, “aplicando la perspectiva de género”.

“Una cuestión que no puede faltar en la futura ley para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de las familias”, sentenció la organización, que demandó la “implicación” de todo el Ejecutivo y exigió criterios “comunes y mínimos” en todo el Estado en lo concerniente a las políticas que afectan a las familias, a través de la coordinación y el trabajo conjunto de todas las administraciones públicas para que la ley “tenga éxito”.

Asimismo, también estimó “esencial” establecer una “definición clara” de los criterios de acceso a los recursos, de forma que se preste apoyo “continuo” a las familias “en todo el ciclo de vida de las mismas y según sus necesidades”.