Así lo recoge en el informe ‘Contar con la infancia es una emergencia’, en el que la organización analiza los mecanismos actuales de gestión de riesgos y pide a las administraciones públicas que tengan en cuenta a niños, niñas y adolescentes en todas las fases de una emergencia, desde la prevención y la preparación hasta la respuesta y la reconstrucción.

El estudio señala que las emergencias climáticas han dejado de ser episodios excepcionales en España y se han convertido en una realidad cada vez más frecuente. En el país se registran 30 días más de calor extremo al año y alrededor de 554.000 niños y niñas viven en zonas inundables, mientras que la infancia sigue sin aparecer de forma expresa en los planes de gestión del riesgo.

Según estimaciones de Unicef, 6,4 millones de menores viven en áreas donde las olas de calor se han duplicado en las últimas décadas y 3,3 millones en zonas donde se han triplicado. Además, el 80% de los niños y niñas en España sufren al menos un fenómeno climático extremo al año, como sequías, olas de calor o inundaciones.

El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, aseguró que “la dana de 2024 o los incendios de 2025 dejaron en evidencia que la prevención, protección y respuesta ante emergencias en nuestro país está fallando a la infancia. Esto no puede volver a ocurrir”. Según añadió, “los sistemas de gestión no tienen en cuenta a la infancia y la adolescencia ni en la normativa ni en la práctica. No hay protocolos específicos y el entorno escolar no está preparado”.

La organización también advierte del impacto emocional que estas situaciones tienen sobre los menores. “Hay que actuar rápida y eficazmente, porque los niños y niñas queremos volver a la normalidad en la medida de lo posible: volver a jugar, ir al colegio, etc.”, explicó Eva, de 14 años y miembro del Grupo Asesor de Infancia y Adolescencia de Unicef España.

En este sentido, los propios menores que han participado en el informe reclamaron ser escuchados y formar parte de la gestión de las emergencias. “Los sistemas de emergencia no están preparados para responder de forma inclusiva y accesible. No existe una única solución para todas las personas con discapacidad, ya que cada persona es diferente. Pero nuestros derechos no deben detenerse durante una emergencia”, afirmó Ailin, de 17 años y también integrante de este grupo asesor.

Entre las recomendaciones del informe figura que Protección Civil incorpore de forma expresa el enfoque de infancia en todas las fases de las emergencias y que la gestión implique también a ámbitos como educación, servicios sociales, salud, vivienda o urbanismo. Asimismo, plantea garantizar refugios temporales seguros, espacios de juego, actividades educativas y apoyo psicosocial para los menores afectados.

Además, la organización propone establecer un protocolo estatal específico de atención a niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, adaptar las alertas tempranas a su lenguaje y garantizar la continuidad educativa. En la fase de recuperación, el informe plantea priorizar la reconstrucción de entornos protectores para la infancia y evitar levantar escuelas o infraestructuras infantiles en zonas de alto riesgo. “El sistema de emergencias en España no puede seguir ignorando a la infancia”, concluyó Vera.