Lo hizo en un comunicado en el que consideró esta norma “un paso importante en el abordaje de la crisis migratoria” y “un avance que debe ponerse en marcha de manera inmediata y urgente para garantizar todos los derechos de los niños y niñas no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta”.

En ese sentido, puso de manifiesto que “estos niños y niñas huyen de sus países por guerras, violencia y hambre y llegan después de rutas durísimas que en algunos casos han durado años y han estado llenas de privaciones y violaciones de sus derechos”.

Unicef reseñó que “la saturación de un sistema de protección de la infancia en los lugares de llegadas genera una situación paradójica”, ya que “en vez de protegerles termina generándoles desprotección e incumplimiento de sus derechos”.

Por ello, solicitó “cooperación institucional, colaboración y corresponsabilidad” de “todas las comunidades autónomas” y otros agentes importantes en este proceso, como la fiscalía, los ayuntamientos y las entidades sociales en la aplicación del real decreto.

Unicef llamó a realizar los traslados de estos chavales “con todas las garantías jurídicas y el máximo nivel de protección” y observó como necesario “incluir la condición obligatoria de escuchar a los niños, niñas y adolescentes para evaluar el interés superior de cada uno y detectar necesidades especiales”.

Por último, apuntó la conveniencia de que las comunidades autónomas “creen nuevos recursos en todos los tipos de modalidad de cuidados, tanto residencia como acogimiento en familia, cuando no cuenten con las plazas necesarias para afrontar la llegada de los niños y niñas asignados”.