Así lo señalaron en un comunicado conjunto ambas organizaciones, que subrayaron que el acceso a la vivienda es un factor determinante en la pobreza infantil en España, con una de las tasas más elevadas de la UE. Por ello, hicieron un llamamiento a gobierno y comunidades autónomas para que, “al menos en la implementación”, se incorpore “el enfoque de infancia y garanticen que las medidas respondan de forma realmente efectiva a las necesidades de los hogares con niños y niñas”.

“El elevado coste de la vivienda es uno de los principales factores que explican la alta tasa de pobreza infantil en España, donde el 28,4% de los niños y niñas están en situación de pobreza monetaria. Si se tiene en cuenta el gasto que realizan las familias en materia de vivienda, esa tasa alcanzaría casi el 40%”, afirmó la responsable de Incidencia Nacional de Unicef España, Lucía Losoviz.

Por ello, desde ambas organizaciones pusieron en relieve que la vivienda “es una política esencial” para ayudar a prevenir la pobreza infantil y favorecer la inclusión social. “No es solo una política de ladrillo: es una política de infancia. Garantizar un hogar adecuado es clave para proteger el bienestar, la salud y las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. La inestabilidad residencial, el sobreesfuerzo económico de sus familias y el hacinamiento tienen un impacto directo en su bienestar, su educación y su salud”, explicó la responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children, Carmela del Moral.

Para ambas entidades el Plan Estatal de Vivienda introduce avances relevantes, como la ampliación del parque público, el impulso al alquiler asequible y el refuerzo de mecanismos de seguimiento y transparencia, pero no da respuesta por sí mismo a las necesidades de la infancia y sus familias. Por tanto, “gran parte de su eficacia depende ahora de que los objetivos de infancia se vean reflejados en los convenios autonómicos”.

Por ello, Save the Children y Unicef España recomendaron que la implementación del Plan tenga en cuenta aspectos como reconocer a los hogares con niños y niñas como colectivo prioritario en el acceso a ayudas al alquiler, vivienda protegida y programas de rehabilitación; alinear el Plan con la Garantía Infantil Europea para que las políticas de vivienda respondan a las necesidades de la infancia; adaptar las ayudas y los criterios de acceso a la realidad de las familias con hijos e hijas, teniendo en cuenta el mayor coste de la crianza y el mayor esfuerzo económico que afrontan. Reservar una parte de las viviendas protegidas y las ayudas al alquiler para familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, especialmente familias monoparentales, acogedoras y jóvenes extutelados.

Para concluir, las entidades también destacaron la importancia de garantizar que la nueva construcción de vivienda nueva tenga en cuenta las necesidades de la infancia, como tamaño suficiente o acceso a servicios públicos, así como medir el impacto del Plan en la infancia, mejorando el sistema de seguimiento y contando con la participación de los propios niños y niñas.