Lo hacen en el paquete de enmiendas conjuntas que presentaron este miércoles a la conocida como ‘Ley trans’, una norma cuyo desarrollo está marcado por el enfrentamiento entre los socios en el Gobierno de coalición (UP y PSOE) en torno a la cuestión del derecho a la autodeterminación de género, después de que los socialistas apuesten por un endurecimiento de las condiciones para que los menores de edad puedan ejercerlo.

En sus enmiendas, Podemos y las formaciones con las que se ha coaligado en materia de enmiendas aspiran a que “la atención sanitaria a las personas trans se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación”.

En ese sentido, “se asegurará, en todo caso, el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus características físicas, evitando las exploraciones innecesarias o la exposición del paciente sin un objetivo diagnóstico o terapéutico directamente relacionado”.

Sin embargo, la principal novedad que incluyen las enmiendas en materia sanitaria es la pretensión de que la cartera de servicios comunes del SNS cubra “los distintos tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición”.

A su vez, Podemos y el resto de las formaciones plantean que el Gobierno auspiciará “la transversalización del enfoque de diversidad sexual y de género y la promoción de los derechos de las personas lgtbi en la planificación, instrumentos y modalidades de su política de cooperación internacional al desarrollo”.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Con el objetivo de “garantizar el acceso efectivo al procedimiento de protección internacional”, las enmiendas incluyen la pretensión de garantizar “el uso de un lenguaje respetuoso con la identidad y nombre sentido de las personas solicitantes de las personas solicitantes de protección internacional por parte de todas las personas implicadas en el procedimiento”.

Del mismo modo, buscan que “los organismos con competencias en la materia deberán diseñar las guías y protocolos necesarios para un adecuado tratamiento e identificación de las solicitudes de protección internacional basadas en motivos de orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género y características sexuales”.

Luego de determinar que para el reconocimiento de la protección internacional “se actuará de manera respetuosa con la intimidad de las personas y garantizando un trato digno”, dictamina la necesidad de establecer mecanismos que permitan identificar las vulnerabilidades o necesidades específicas de quienes soliciten esta protección, que, una vez identificadas, permitan tomar medidas que garanticen una atención en “espacios seguros”.

También buscan que se asegure el ejercicio del derecho a la extensión o reagrupamiento familiar “de forma ágil, teniendo en cuenta las limitaciones probatorias de los contextos de persecución”, y se insta al Ministerio del Interior a publicar anualmente una estadística con el número de personas que “han solicitado protección internacional y que han sido reconocidas como refugiadas en España por motivo de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales”.

EDUCACIÓN E INFRACCIONES

En el caso del alumnado menor de edad que haya obtenido el cambio de nombre en el Registro Civil, las enmiendas incorporan la posibilidad de que obtengan “un trato conforme a dicho nombre y el sexo y/o género con el que se identifica en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito educativo”.

Por su parte, al inscribir el nacimiento de las personas trans, en el caso de que el parte facultativo indicara la intersexualidad del recién nacido, Podemos y sus aliados apuestan por que “las personas que ejerzan su patria potestad o su representación legal, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco”.

Transcurridos diez años, continúan los proponentes, “la mención del sexo será obligatoria y su inscripción ha de ser solicitada por quienes ejerzan su patria potestad o su representación legal, pudiendo dejarla en blanco”.

En el caso de las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, las enmiendas mencionan “la obligación de publicar y difundir por el mismo medio y con análoga publicidad una declaración y una retracción identificando la información falsa difundida que infrinja lo dispuesto en esta norma, así como facilitando acceso a la información veraz existente”.