Según informó esta entidad educativa este viernes, investigadores han analizado casi 1.900 resoluciones de la institución que preside Cándido Conde-Pumpido. El informe ha sido publicado en la revista 'European Journal of Political Research'.

En estos fallos analizados, el órgano de garantías declaró inconstitucionales el 55% de las normas autonómicas frente al 23% de las estatales. Se han analizado pronunciamientos sobre la constitucionalidad de normas estatales y autonómicas y que para los autores del estudio evidencia "un sesgo sistemático centralista".

La investigación indica que los casos iniciados ante el Constitucional por el Ejecutivo central tienen una probabilidad media de éxito del 68%, mientras que en el caso de los Gobiernos autonómicos es del 31%, evidenciando una diferencia significativa en el tratamiento de las impugnaciones según su procedencia.

El estudio confirma que existe un 55% de probabilidades de que el órgano de garantías declare inconstitucional una norma cuando es autonómica, mientras que la probabilidad es solo del 23% cuando se trata de una norma de origen estatal, ratificando así la hipótesis de un sesgo sistemático centralista.

COMPOSICIÓN IDEOLÓGICA DETERMINANTE

Para los investigadores de la Universidad de Barcelona, la composición ideológica del Alto Tribunal incide significativamente en sus resoluciones. Según su interpretación, cuando tiene una mayoría conservadora, aumenta la probabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas autonómicas, especialmente en el caso de Gobiernos autonómicos liderados por partidos nacionalistas, precisó el estudio.

La investigación analizó también la actividad de este tribunal en distintos escenarios políticos. Concluye que cuando existe una coincidencia ideológica entre esta institución y el Gobierno central y, a su vez, una dependencia de ese Ejecutivo respecto a partidos nacionalistas, la probabilidad de anular una norma autonómica desciende significativamente.

El estudio, firmado por los investigadores Joan Josep Vallbé y Daniel Cetrà, de la Universidad de Barcelona, y Marc Sanjaume Calvet, de la Universidad Pompeu Fabra, es el más completo realizado hasta ahora sobre la actividad del Constitucional español en materia de control normativo.

ANÁLISIS DE 1.900 RESOLUCIONES

En las casi 1.900 resoluciones analizadas, se tuvieron en cuenta variables como el tipo de norma impugnada, el actor que presenta el recurso, el tipo de procedimiento, el resultado de la resolución y el contexto político, incluyendo la orientación ideológica del Constitucional, el color político del Ejecutivo central y autonómico.

Los autores quisieron "aportar una visión basada en datos del papel del TC en la configuración de las relaciones entre centro y periferia en España, contribuyendo así al debate sobre el potencial (y los límites) de los tribunales como garantes del pluralismo político y territorial".

El estudio concluye que "el fortalecimiento de la legitimidad de los tribunales constitucionales puede requerir reformas en los mecanismos de designación de magistrados, que garanticen una mayor pluralidad territorial e ideológica, así como la creación de espacios políticos específicos para la resolución de conflictos intergubernamentales".

Los investigadores defendieron que estas reformas reducirían "la judicialización sistemática de la política territorial", ofreciendo alternativas a la resolución de conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas a través de mecanismos políticos específicos en lugar de la vía judicial.