En concreto, García-Page aseguró que "los claustros de las universidades pueden hacer pronunciamientos ideológicos. Esto es grave. Eso sólo se hace para defender lo que pasó en algunos rectorados y en algunos claustros en Cataluña con el proceso de independencia. Y eso no lo puede amparar una ley, se sale por completo del marco constitucional, con este o con el Tribunal Constitucional que venga. Esto no tiene vuelta".

En la misma línea apuntaron un millar de profesores que han apoyado una carta abierta impulsada por la plataforma Universitaris per la Convivència, en la que se alerta sobre la incorporación al texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pendiente de debate en el Senado, de una enmienda, promovida por ERC y Bildu "orientada a favorecer los pronunciamientos partidistas de los claustros".

Los profesores pidieron a los parlamentarios que la LOSU "proteja explícitamente la neutralidad política de los claustros". "Estos pronunciamientos, especialmente polémicos en Cataluña por cuanto se centran en cuestiones que generan una fuerte controversia social (alineándose siempre con los posicionamientos políticos de la Generalitat), ya han sido declarados contrarios a la libertad ideológica y de expresión por diversos tribunales, incluido, recientemente, el Tribunal Supremo", recordó el martes la plataforma en un comunicado.

UNA ENMIENDA DEL GRUPO REPUBLICANO

Fuentes del Ministerio de Universidades indicaron a Servimedia que, sobre el trámite parlamentario, "el proyecto presentado por el Gobierno no incluía esta previsión, sino que su incorporación al texto de la norma es producto de su debate y tramitación en el Congreso, a partir de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano".

Las mismas fuentes añadieron sobre esa cuestión de contenido concreta que "al contrario de como se explica en la carta firmada por los 1.000 profesores en ningún momento en el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario aprobado en el Congreso de los Diputados aparece el punto 45.2 en los términos en que se indica en la carta".

Según informaron desde la plataforma de profesores, en el debate de totalidad del texto de la LOSU en el Congreso "ha quedado patente que la referida enmienda (incorporada como letra “g” al artículo 45.2) busca corregir las resoluciones de estos tribunales, por más que se apoyan en derechos fundamentales y principios constitucionales que en modo alguno pueden ser contrariados por una ley orgánica".

Los profesores también reclamaron que se suprima la mencionada letra “g” y “que se incorpore al texto de la LOSU una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas”.

A ello, el ministerio que dirige Joan Subirats respondió este miércoles: "Es falso que se haya aprobado que los claustros deban posicionarse sobre las cuestiones que analicen y debatan. La formulación que finalmente adoptaría el precepto en su tramitación parlamentaria no incorpora la posibilidad de que el Claustro se posicione, sino que exclusivamente establece que tendrá entre sus funciones: g) Analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia".