Así lo refleja el cruce de respuestas por recuerdo de voto en 2023 al Barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se publicó este viernes, y que dedicó una pregunta a sondear la opinión de los españoles sobre este polémico concepto.

Si, entre el total de encuestados que tenían conocimiento de esta idea , el 52,2% se declararon "poco o nada de acuerdo" con que el criterio de prioridad nacional inspire las políticas sociales, mientras que el 44,6% afirmó estar "muy o bastante de acuerdo". entre los votantes del PSOE los porcentajes respectivos son del 77,6% y el 20%.

Aun así, no es desdeñable que hasta uno de cada cinco votantes socialistas comulguen con un concepto tan denostado por sus dirigentes. Los de Sumar están más alineados con sus líderes, dado que apenas un 9% se declaran muy o bastante de acuerdo.

Entre los partidos nacionalistas, los votantes de ERC se sitúan muy cerca de los del PSOE, dado que un 19,7% confesaron al CIS estar de acuerdo con esta bandera de Vox. Pero la idea todavía encuentra más adeptos entre los simpatizantes de Junts per Catalunya, en concreto el 39,1%, y más aún entre los del PNV, el 44,7%.

Un poco por debajo de ERC, en el 18,6%, queda la aceptación en los del BNG, si bien el muestreo de estos ciudadanos es más reducido y por tanto menos representativo.

LA LITERALIDAD

La literalidad de los acuerdos suscritos por PP y Vox en Extremadura y Aragón recoge que la única exigencia para el acceso a vivienda pública es el “empadronamiento histórico” de 5 años para el régimen de alquiler, y de 10 años para la compra.

A partir de ahí, los gobiernos de PP y Vox valorarán positivamente y sin ser un criterio eliminatorio -también para las prestaciones públicas- “la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, “la trayectoria de cotización y actividad laboral”, “la existencia de familiares de primer grado residiendo” en la comunidad, “así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

En otras palabras, la “prioridad nacional” no aparece desarrollada como una preferencia explícita por la nacionalidad española, sino como una etiqueta –exigida por Vox y aceptada por el PP– que beneficia a quienes puedan acreditar un arraigo “real, duradero y verificable” con la comunidad autónoma en la que residen, que no con España, según se desprende del propio acuerdo.

Por tanto, el principio de “prioridad nacional” que “inspirará” la concesión de ayudas públicas en Extremadura y Aragón con los nuevos gobiernos de PP y Vox dificultará el acceso a quienes no acrediten “arraigo” en la región, ya sean inmigrantes o españoles sin vinculación previa con el territorio.