La petición, registrada a las 13.48 horas de hoy, solicita textualmente "una comisión de investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad a través de los malware Pegasus y Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

Tras apelar a las investigaciones de Citizen Lab y Amnistía Internacional, recordar los antecedentes y enumerar uno por uno a los 65 supuestos espiados y los derechos fundamentales que se les conculcan, la exposición de motivos acusa directamente: "Teniendo en cuenta que NSO afirma que Pegasus sólo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia , la responsabilidad sobre el espionaje apunta directamente al Gobierno español".

Igualmente, da por "sabido que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, así como centenares de personalidades del mundo empresarial, han sido presuntamente objeto de seguimiento , espionaje y monitorización ilegal durante años por personas relacionas con departamentos públicos".

Los firmantes lamentan que "a día de hoy no se ha dado respuesta aún sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte de los poderes públicos en relación a la asunción y depuración de responsabilidades por lo concluido en la comisión de investigación del Congreso sobre las denominadas cloacas de Interior".

Entre los objetivos de la comisión estarían "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales", "la responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas de los departamentos de Defensa, Interior, Vicepresidencia y Justicia y la vinculación de dichas estructuras con el espionaje", además de "todas las actuaciones del Ministerio de Exteriores en relación a las investigaciones".

También se intentarían "conocer los contratos de compra del software y plantear medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados", así como "proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado y evitar su uso en contra de los derechos civiles y políticos".

Los trabajos de la comisión se extenderían durante seis meses prorrogables, pero deberían aprobarse unas primeras conclusiones antes de finalizar el primer período de sesiones de 2022; esto es, antes del verano. Las conclusiones finales se elevarían al Pleno del Congreso, como suele suceder en este tipo de comisiones.