Mayoral se preguntó por los motivos que llevan al Ministerio a plantearse esta privatización, ya aplicada a los bomberos de los aeropuertos, y que en las torres de control afectaría a los aeropuertos de Palma, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago.

El diputado ya envió hace dos semanas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una carta para denunciar ambas privatizaciones, a la que aún no ha recibido respuesta. En su opinión, las privatizaciones "son medidas propias de otra época y que socavan el concepto de servicio público y suponen una amenaza para el interés general”.

Por su parte, Antonia Jover y Lucía Muñoz, diputadas baleares, la primera candidata a la Presidencia del Gobierno autonómico y la segunda a la Alcaldía de Palma, mostraron su solidaridad con la plantilla afectada y su compromiso en esta lucha.

El vicepresidente de la USCA, Ángel Bellido, negó que la privatización se justifique por razones de eficiencia económica y de calidad. “En cuanto a la eficiencia económica, las tasas de nuestros aeropuertos son las más bajas de Europa y en cuanto a la calidad, o sea la demora en aterrizar, nuestros aeropuertos son los segundos en los que los tiempos medios son más reducidos", argumentó.