Según un comunicado de UPA, la ley deberá dar prioridad a las explotaciones agrarias familiares, que representan el 80 por ciento de las explotaciones agrarias.

Uno de los aspectos con los que la UPA mostró su desacuerdo fue el relativo al derecho de retracto (compra preferente) de las exploaciones prioritarias, que exige la obtención de la menos el 40 por ciento de la renta de referencia (equivalente a 921.000 pesetas anuales), condición que no cumplen muchas pequeñas explotaciones, según la asociación agrícola.

La asociación de agricultores mostró su preocupación ante la modificación del régimen de arrendamiento que propone la ley, que pasa a un mínimo de 3 años, frente a los 21 de la situación actual; lo que "podría originar fenómenos de especualción por parte de los propietarios sobr las tierras en arrendamiento".

El proyecto de Ley de Modernización de las Estructuras Agrarias, que el Ministerio de Agricultura quiere aprobar antes de que termine esta legislatura, regula además de aspectos como la fragmentación de las fincas; el derecho de retracto y los arrendamientos; así como las ayudas que podrán recibir los titulares de las explotaciones para mejorar la producción .

A juicio de UPA, es necesario alcanzar un amplio consenso sobre esta ley, que permitirá introducir "las moificaciones de mayor envergadura de los últimos años y que va afectar en el medio plazo al modelo de agricultura vigente en nuestro país".