Fernando Moraleda, secretario general de UPA, aseguró que si el Tribunal se pronuncia en este sentido, su organización estudiará si inicia acciones civiles, de cara a conseguir un resarcimiento económico de los ganaderos afectados.

Para Moraledael perjuicio es claro: entre septiembre de 1991 y mayo de 1992 el precio pagado al 90% de los ganaderos españoles fue en torno a las 31 pesetas, mientras que tras presentar la demanda, los precios subieron paulatinamente hasta las 50 pesetas actuales en algunas zonas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia celebró ayer la vista en relación a la denuncia presentada contra laFENIL (Federación Nacional de Industrias Lácteas) y 49 empresas por ponerse da acuerdo en el precio pagado a los industriales.La resolución, que puede fijar una multa para los denunciados, se conocerá en unos 20 días.

Fernando Moraleda indicó que la fijación monopolista de precios no sólo perjudicó a los productores, sino también a los propios consumidores, ya que mientras los industriales pagaban menos a los ganaderos, subieron los precios para el consumidor (en el tercer trimestre de 1992).

"Las 400.000 facturas revisadas por el Tribunal demnuestran que los precios pagados eran iguales. Esto deja en muy mal lugar a lo empresarios españoles que ocupan puestos de responsabilidad y que han llevado a cabo una continua conducta antisindical", aseguró Moraleda, en referencia al vicepresidente de la CEOE y presidente de Clesa, Arturo Gil.

El dirigente agrario destacó el esfuerzo llevado a cabo primero por el Servicio de Defensa de la Competencia, que acusó directamente a las 49 empresas en su expediente, y por el propio Tribunal, con cuatro años de trabajo en total.