Esto representa un el 8,1% del total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, durante el último año, aumentó en 7.237 personas, un 2,6% más que el año anterior. UPTA señaló que este incremento responde al deterioro del poder adquisitivo de muchas familias y a la necesidad de encontrar una fuente complementaria de ingresos.

En 2020, una media de 175.193 trabajadores autónomos compatibilizaba una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado. En junio de 2026, la cifra alcanza los 274.463, lo que supone 99.270 personas más y un incremento del 56,6% en apenas cinco años.

Las comunidades autónomas con mayor número de trabajadores autónomos en situación de pluriactividad son Cataluña (52.397), la Comunidad de Madrid (49.590), Andalucía (39.752), la Comunidad Valenciana (29.085) y Galicia (16.239). En conjunto, concentran cerca de dos terceras partes de todos los autónomos en pluriactividad del país, favorecidas por un mayor peso del empleo asalariado y de las actividades profesionales y de servicios.

En el extremo contrario, se sitúan La Rioja (1.773), Cantabria (3.033), Navarra (4.093), el Principado de Asturias (5.277) y Extremadura (5.520), territorios donde el menor tamaño del mercado laboral y la estructura productiva reducen el volumen de trabajadores autónomos que compatibilizan ambas actividades.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, incidió en que cada vez más personas “necesitan complementar el salario de su empleo con una actividad por cuenta propia para mantener su nivel de vida”. “La pluriactividad ya no es una excepción; es el reflejo de una realidad económica que las administraciones deben afrontar”, advirtió.

UPTA considera prioritario impulsar políticas que mejoren los salarios, refuercen la negociación colectiva y favorezcan un modelo económico en el que el trabajo a jornada completa garantice unas condiciones de vida dignas, sin que sea necesario recurrir a una segunda actividad para llegar a fin de mes.

Asimismo, UPTA reclama adaptar el sistema de protección social y las políticas dirigidas al trabajo autónomo a la realidad de quienes desarrollan su actividad en régimen de pluriactividad, un colectivo cada vez más numeroso y con necesidades específicas en materia de cotización, protección social y conciliación.