En un comunicado, ambas organizaciones alertaron de que el texto propuesto permite que cualquier persona, sin formación ni acreditación profesional, pueda ejercer la cría de animales bajo el amparo de una "supuesta afición”, lo que supone “blanquear” una actividad económica encubierta.

La presidenta de Ascelcre, Encarnación Meruelo, expresó esta idea en una carta dirigida al director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, haciendo alusión a declaraciones difundidas junto a la Real Sociedad Canina de España.

Ambas entidades advirtieron de que la flexibilización normativa anunciada por la Dirección General podría legalizar “por la puerta de atrás” criaderos y actividades sin control sanitario, fiscal ni laboral, lo que pone en riesgo la salud pública, el bienestar animal y genera una clara competencia desleal frente a quienes cumplen estrictamente con la legislación vigente.

Por todo ello, reclamaron la “rectificación pública inmediata” de las declaraciones oficiales y de los borradores normativos que favorezcan la desregulación, la suspensión de cualquier iniciativa orientada a regularizar a operadores ilegales, y la creación de una mesa interministerial (Derechos Sociales, Trabajo, Consumo y Administración Local) que garantice el respeto a los estándares profesionales y a la legalidad económica.

Así las cosas, la presidenta de Ascelcre advirtió de que “no se puede castigar al que cumple ni premiar al infractor. Si el Ministerio no rectifica, acudiremos a todas las instancias legales: Consumo, Hacienda, Inspección de Trabajo, CNMC y Defensor del Pueblo”.

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, señaló que “es incomprensible que la propia Administración permita que un deporte o una afición se convierta en un negocio lucrativo que escapa de los canales tributarios y de control que son de exigencia para todos los profesionales del sector”.