El Consejo de Ministros aprobó esta semana mediante real decreto-ley el primer paquete de medidas del plan de respuesta ante la imposición de aranceles a la UE por la administración del presidente Donal Trump. Por el momento, en la UE, los aranceles no escalan y se quedan en el 10%.

“Las grandes empresas pueden contar con recursos y mecanismos de apoyo, pero los autónomos, en su mayoría personas físicas, que dependen de su actividad diaria, se encuentran sin medidas directas para mitigar los efectos adversos de los aranceles”, avisó UPTA.

Esta organización de autónomos reclamó que, además de poder acceder a líneas de financiación, poder derivar su negocio a nuevos mercados de exportación y, considerar en caso necesario la exoneración de las cotizaciones a la seguridad social, se tenga en cuenta poner en marcha la herramienta fundamental de protección para el colectivo como es el cese de actividad extraordinario, comose hizo en situaciones de gravedad similar como la de la pandemia de covid-19.

“Debemos poner en marcha todos los mecanismos de protección que dispone el Gobierno de España para que ningún autónomo vea truncada su actividad económica. La experiencia obtenida durante la pandemia del covid-19 nos lleva a afirmar que el cese de actividad es un mecanismo imprescindible como colchón social ante futuras crisis, como la crisis arancelaria. Es fundamental que las medidas complementarias, que ya están a disposición de las grandes empresas, se trasladen también al colectivo de autónomos, compuesto principalmente por personas físicas", afirmó el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

En ese sentido, explicó que esta semana se ha trasladado esta preocupación en reunión junto con los portavoces del grupo parlamentario socialista, con el fin de tratar las posibles repercusiones de la crisis en el colectivo.

“Las medidas que se pongan en marcha no pueden ser 'café para todos'. Deben estar dirigidas exclusivamente a aquellos autónomos o empresas que se vean afectadas directa o indirectamente por la crisis, garantizando que la concesión de ayudas se haga con el máximo rigor, pero sin ralentizar su tramitación. Solamente pedimos agilidad y la eliminación de las trabas burocráticas para que estas medidas sean efectivas”, concluyó Abad.