UPTA señaló en un comunicado la necesidad de mejorar la protección social del trabajo autónomo y consideró “ineludible” flexibilizar el acceso y la gestión de la prestación por cese de actividad.

En sus peticiones, la organización presidida por Eduarda Abad urgió a reconocer el derecho de los autónomos al subsidio de mayores de 52 años y la integración de las lagunas de cotización, de manera que se equipare a las condiciones de los asalariados.

Su objetivo es equiparar la acción protectora del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al Régimen General y minimizar la brecha de las pensiones y prestaciones existente entre ambos regímenes.

UPTA también denunció en su comunicado “la no actualización de las cotizaciones al RETA”, que a su juicio supone un retroceso en el despliegue de los acuerdos alcanzados en 2022, congela la protección social y reduce la capacidad adquisitiva en futuras pensiones y prestaciones.

Por otro lado, UPTA situó entre las prioridades de 2026 la reforma fiscal del trabajo autónomo. La organización propone una rebaja de 5 puntos porcentuales en los tramos autonómicos del IRPF, que debe ser asumida por las comunidades autónomas, junto con una rebaja adicional de 5 puntos porcentuales en el tramo estatal del impuesto.

Esta medida supone, según sus cálculos, un ahorro fiscal medio superior a los 1.400 euros anuales para cada autónomo, y podría compensarse “mediante un incremento de la tributación de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades”.

Para 2026, UPTA reclamó mejorar la prevención de riesgos laborales para los trabajadores por cuenta propia y planteó la necesidad de afrontar un gran Pacto de Estado por el Relevo Generacional.

UPTA también pensó en los autónomos extranjeros, para los que reclamó una facilitación de los trámites administrativos y destacó el “papel clave” de los inmigrantes en el sostenimiento del trabajo autónomo.