Estas serán algunas de las cuestiones que la asociación presidida por Eduardo Abad presentará este lunes en la reunión que el Ministerio de Seguridad Social ha convocado con asociaciones de autónomos y sindicatos y patronal para avanzar en la negociación del esquema de cuotas por ingresos reales para el trienio 2026-2028.

Actualmente, según UPTA, más de 15 empresas en España contratan a músicos bajo una “falsa relación laboral artística”, emitiendo facturas en nombre de los intérpretes para administraciones públicas y contratantes privados. Este modelo supone un fraude millonario, con empresas que cotizan solo el mínimo por actuación y acumulan deudas millonarias con la Seguridad Social, lo que perjudica “gravemente” al sistema y frena el desarrollo del trabajo autónomo en la música.

Asimismo, UPTA propondrá que la base garantizada de diciembre de 2022 se actualice en el mismo porcentaje que lo hace la base máxima, ya que, de lo contrario, se produce una pérdida de equidad en el sistema y en las prestaciones futuras.

En relación con la pluriactividad, solicitará una modificación clave que evite retrasos en la devolución de las cuotas en exceso, de modo que los autónomos no soporten demoras innecesarias en el reintegro que les corresponde.

UPTA también pedirá que se permita aplazar el pago de deudas derivadas de una regularización de cuotas, aunque el importe sea inferior al doble del salario mínimo interprofesional (SMI), como ya ocurre en el ámbito fiscal con el IRPF.

Otra de las propuestas de esta organización es prorratear los rendimientos netos de los autónomos que perciben prestaciones como maternidad o CUME (ayuda para personas con hijos con graves enfermedades), para que no se concentren en unos pocos meses y provoquen un salto artificial de tramo.

Respecto a la fiscalidad, UPTA reclama que los resultados de las regularizaciones de cuotas se imputen al ejercicio en que realmente se generaron los ingresos, evitando así alteraciones en la tributación.

En cuanto a la prestación CUME, se solicitará la actualización de las bases de cotización que sirven para calcularla y que las bonificaciones se adapten al porcentaje real de reducción de la jornada, ya que “hoy la regulación perjudica especialmente a quienes tienen reducciones muy altas”.

Además, planteará una solución para la integración en el RETA de abogados y procuradores que actualmente están en mutualidades alternativas, garantizando que su capitalización individual pueda trasladarse de manera justa y sin perjuicios.

Por último, exigirá que los autónomos a los que se les deniegue la prestación por cese de actividad mantengan la cobertura sanitaria y puedan suscribir convenios especiales mientras resuelven sus recursos, evitando situaciones de desprotección.

“Esta mesa de diálogo social será decisiva para terminar de encajar el nuevo modelo de cotización, además de abordar los principales asuntos pendientes de resolver para nuestro colectivo con la Seguridad Social”, declaró el presidente de UPTA.