“Tanto las grandes petroleras como las grandes compañías eléctricas están trasladando al consumidor incrementos de precios que no siempre se corresponden con los costes reales de adquisición de la energía”, denunció esta organización en un comunicado.

Según los datos del sector, una parte importante del combustible que actualmente se está comercializando en las estaciones de servicio fue adquirido antes del agravamiento del conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, el precio en surtidor ha aumentado de forma notable, superando en algunos casos el 20% respecto a los niveles previos al inicio de las tensiones.

A su juicio, este comportamiento resulta especialmente perjudicial para autónomos, transportistas, repartidores, agricultores y miles de profesionales por cuenta propia que dependen de su vehículo o del consumo energético para desarrollar su actividad económica. En este sentido, destacó que la subida de los carburantes y de la electricidad impacta directamente en los costes de producción y reduce el margen de miles de pequeños negocios.

La organización considera que “es irresponsable y antipatriótico que grandes empresas energéticas, muchas de ellas cotizadas en el IBEX, aprovechen un contexto de crisis internacional para obtener beneficios extraordinarios mediante subidas especulativas de precios”.

Es por ello que reclamó al Gobierno que actúe “con firmeza ante posibles prácticas injustas y oportunistas que distorsionan el normal funcionamiento de la economía y trasladan el peso de la crisis a los trabajadores autónomos”.

Por otra parte, recordó que el precio final del carburante incluye una importante carga fiscal. En España, el combustible está gravado principalmente por el IVA (21%) y el Impuesto Especial de Hidrocarburos. En total, alrededor del 46-47% del precio final del carburante corresponde a impuestos, de los cuales una parte importante termina en las arcas de las comunidades autónomas y del Estado.

La factura eléctrica también incorpora distintos conceptos fiscales y regulados que influyen de forma directa en el precio final que pagan autónomos y ciudadanos. Para UPTA, resulta “imprescindible” abrir un debate serio sobre la fiscalidad energética y sobre el comportamiento de las grandes compañías energéticas en momentos de crisis internacional.

Además, reclamó mayor transparencia en la formación de los precios de carburantes y electricidad, así como una supervisión por parte de los organismos de competencia para evitar posibles prácticas especulativas.

Impulsar medidas temporales de alivio fiscal para autónomos y sectores profesionales dependientes del transporte y de la energía y evaluar la posibilidad de limitar beneficios extraordinarios de grandes compañías energéticas en contextos de crisis internacional son otras de sus reivindicaciones.

“Ni los autónomos ni los trabajadores que necesitan de sus vehículos para poder desarrollar su trabajo podemos ser quienes paguemos la desmesurada avaricia de las empresas energéticas españolas. Pedimos al Gobierno que actúe con contundencia frente a estas prácticas empresariales que únicamente benefician la cuenta de resultados de un puñado de grandes empresas mientras miles de profesionales ven cómo aumentan cada día sus costes para poder trabajar”, sintetizó el presidente de UPTA, Eduardo Abad.