Así se expresó Abad en declaraciones a Servimedia al valorar el registro de jornada reforzado que, previsiblemente, comenzará a funcionar en el nuevo año, ya que el Ministerio de Trabajo está tramitando esta reforma sin necesidad de que tenga que pasar por el Parlamento.

“Sería incomprensible que a día de hoy nos estuviéramos preguntando si se puede o no se puede hacer el registro de jornada de manera fiable”, reflexionó el presidente de UPTA, quien explicó que incluso ya existen aplicaciones digitales gratuitas para que se puedan utilizar. Asimismo, recordó que, al calor de los fondos europeos, los autónomos y pymes han podido acogerse a ayudas para favorecer su digitalización.

Por ello, apoyó la medida, mientras que puso en valor que durante este año 2026, la vicepresidencia de Yolanda Díaz ha sido “coherente” con sus propuestas y ha seguido subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI), como volverá a hacer en 2026 aunque tenga que comenzar el año prorrogado provisionalmente.

En este sentido, señaló que las revalorizaciones del SMI, en contra de lo que decía la patronal, “no han supuesto ninguna catástrofe para el empleo” ni para la economía española en su conjunto. “Al contrario, se ha permitido que los trabajadores tengan más poder de compra y eso es bueno para todos”, afianzó Abad.

Cabe recordar que la reforma del registro de jornada es uno de los tres apartados del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas que recogía también el derecho a la desconexión digital.

Esta última medida y la reducción de jornada suponen modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, por lo que requieren de ser aprobadas en el Congreso. En cambio, el registro de jornada tiene rango reglamentario, pues ya se aprobó en la Ley del teletrabajo de 2019.

Por ello, cuando el pasado septiembre Junts, PP y Vox votaron juntos para tumbar esta ley con sus tres elementos, Yolanda Díaz inició de inmediato la pata que sí puede aprobar vía Consejo de Ministros. En la actualidad, se encuentra en fase de obtención de informes preceptivos para poder pasar a la mesa del Consejo de Ministros.

Los sindicatos apoyan la medida pero CEOE y Cepyme alertan de los riesgos que el registro de jornada tendrá en las empresas, especialmente en las pequeñas y en sectores en los que la digitalización es más complicada, como la agricultura o la España vaciada.