La misiva representa los intereses de "centenares de vecinos" que ahora están, según explican, en "una situación de vulnerabilidad". Las viviendas en las que residen se construyeron sobre suelo de titularidad pública municipal y se enmarcaron, en su origen, dentro de un proyecto de carácter social, orientado a proporcionar estabilidad residencial a familias con recursos limitados."Durante más de 20 años, estas viviendas han constituido nuestro hogar y han cumplido fielmente la función social para la que fueron concebidas", expresan en la carta.

No obstante, la Fundación La Caixa ha vendido recientemente estas viviendas a un fondo de inversión privado que "ha comenzado a comunicar a numerosos inquilinos incrementos desproporcionados en el alquiler, así como la no renovación de contratos, con el objetivo, según se ha trasladado verbalmente en algunos casos, de destinar los inmuebles a apartamentos turísticos u otros usos más lucrativos", relata la carta.

Esto genera, a juicio de los vecinos, un "riesgo real de desahucio" para muchas familias "a pesar de haber cumplido de manera continua" con sus "obligaciones contractuales y de haber contribuido históricamente al buen mantenimiento y convivencia de la comunidad".

Por este motivo, piden al Ayuntamiento explorar "vías de protección, mediación o intervención institucional que eviten el desamparo de las familias afectadas"; "conocer las posibles medidas que el Ayuntamiento puede activar en defensa del uso social del suelo público"; y "valorar alternativas de compra, gestión o colaboración que permitan garantizar la continuidad de las familias actualmente residentes en dichas viviendas".

INICIATIVA DEL PSOE EN EL PLENO

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, acompañó este jueves a los vecinos y señaló a EMVS como "responsable subsidiaria al haberse edificado estos inmuebles en suelo público o a través de la colaboración público-privada”.

Asimismo, mostró su apoyo a los vecinos, especialmente después de que "en el Pleno de Cibeles el Partido Popular y Vox rechazaran una iniciativa que llevó el PSOE para que se pudieran abrir estas vías de negociación, para que se pudiera proteger el derecho de estas familias a seguir en sus hogares y sobre todo porque que hay una falta de voluntad política".

En ese sentido, los socialistas exigirán en el próximo Pleno que se habilite una vía de intermediación institucional respecto a las operaciones inmobiliarias que afectan a la Fundación La Caixa, pero también a la Fundación Fusara, implicada en otra operación de venta de edificios que podría entrañar riesgos para los residentes. Pedirán, además, que la intermediación se realice en coordinación con los Servicios Sociales Municipales y las entidades afectadas, asegurando la participación de los vecinos en el proceso.

Por otra parte, volverán a pedir la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, que establezca mecanismos de acompañamiento, información, mediación y evaluación social en toda operación que pueda afectar a familias residentes, con el fin de prevenir desahucios, cambios de uso especulativos y pérdida de vivienda asequible.

"VOLUNTAD POLÍTICA"

Por último, exigirán que el Consistorio ejerza de forma prioritaria los derechos de tanteo y retracto en transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con contratos de alquiler social, incorporando dichas viviendas al parque público municipal de la EMVS; y la creación de una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social, dependiente del Área de Políticas de Vivienda, encargada de registrar, supervisar y emitir informes sobre el cumplimiento de la función social de la vivienda en la ciudad.

"Nos parece que claramente hay una falta voluntad política, que vamos a seguir defendiendo a estas familias que son el rostro de la emergencia habitacional que hay en esta ciudad y desde luego exigir responsabilidad. Madrid no puede expulsar a vecinos de toda la vida", zanjó la portavoz socialista.