Para el número dos de Economía, "entra dentro de lo más normal que los gobiernos en este contexto", y más particularmente en el periodo vacacional, pidan un margen de tiempo para desarrollar sus respuestas.

Según las conclusiones preliminares de la Comisión Europea, las exigencias de la CNE para que pueda llevarse a cabo la operación violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento.

La misiva de Bruselas otorgaba al Gobierno diez días de plazo, hasta el 4 de septiembre, para contestar a esas reticencias.